La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este lunes la apelación de Citigroup para frenar una demanda que lo acusa de causar más de 1,000 millones de dólares en pérdidas vinculadas al fraude de la empresa mexicana Oceanografía, que prestaba servicios de perforación a Pemex antes de ser embargada por el Gobierno de México en 2014 y declararse en quiebra en 2016.
El fallo mantiene vigente la decisión de un tribunal inferior que en mayo de 2025 revivió el litigio presentado por más de 30 reclamantes, entre ellos tenedores de bonos de Oceanografía, compañías navieras y el banco neerlandés Rabobank. Los demandantes sostienen que Citigroup, a través de su filial Banamex, adelantó 3,300 millones de dólares a Oceanografía entre 2008 y 2014 pese a conocer su situación financiera crítica.
Según la acusación, la empresa utilizó firmas falsificadas de Pemex en formularios de autorización, lo que derivó en anticipos fraudulentos por 430 millones de dólares reconocidos posteriormente por Citigroup. En 2018, la SEC multó al banco con 4.75 millones de dólares por fallas en los controles internos de Banamex.
Un panel de la Corte de Apelaciones del 11º Circuito consideró que las alegaciones eran suficientes para avanzar y señaló que “resulta difícil de creer que un banco tan sofisticado como Citigroup no supiera lo que estaba haciendo Oceanografía”. Los jueces también apuntaron a que el banco habría ocultado información clave mientras obtenía beneficios por los intereses cobrados.
En su recurso, Citigroup cuestionó únicamente las demandas de los tenedores de bonos, argumentando que no deberían ser admitidas bajo la Ley RICO, que permite el pago del triple de daños en casos de fraude y extorsión. El banco alegó que la decisión del 11º Circuito entraba en conflicto con sentencias de otros tribunales federales.
Los demandantes respondieron que el Congreso nunca tuvo la intención de excluir sus reclamos bajo RICO y que, en ausencia de alegaciones de negociación con información fraudulenta, ningún actor privado podría haber presentado demandas por fraude de valores. Con la decisión de la Corte Suprema, el proceso judicial continuará en Estados Unidos con implicaciones directas para México, Pemex y Citigroup.






