La titular de la Secretaría de Energía (Sener), Luz Elena González Escobar, respondió ante el Senado a cuestionamientos sobre el presunto esquema de huachicol fiscal, que habría generado un daño estimado en 600 mil millones de pesos a las finanzas públicas. El señalamiento fue planteado por el senador panista Agustín Dorantes, quien también pidió esclarecer la responsabilidad de servidores públicos vinculados al caso.
González aseguró que existe una coordinación permanente para esclarecer estos delitos y desmantelar la cadena de comercio ilegal. Añadió que los recientes ajustes normativos incorporan trazabilidad obligatoria en cada tramo de la cadena de valor, lo que permitirá integrar investigaciones más sólidas.
Durante la sesión, legisladores de oposición expresaron dudas sobre la fusión de órganos reguladores en la nueva Comisión Nacional de Energía (CNE). La senadora priista Anabel Ávalos Sanpoalteca cuestionó cómo se garantizará la imparcialidad si el gobierno “produce, controla y dicta las reglas”. En respuesta, González aclaró que la CNE “nunca fue un organismo autónomo”, aunque mantiene independencia técnica, y que las decisiones se toman “de manera colegiada y coordinada con todo el sector”.
El senador Dorantes también criticó el desempeño financiero de Pemex, señalando una pérdida acumulada de 1.8 billones de pesos, equivalente a casi 100 mil millones de dólares. “Pemex hoy está siendo un reto importante para las finanzas públicas de nuestro país”, afirmó. No obstante, reconoció el viraje en la política energética del actual gobierno, que ha impulsado la participación privada y convocado proyectos de energía solar y eólica por casi 6 mil megawatts.
Por su parte, el senador Juan Antonio Martín del Campo denunció la situación de los proveedores de Pemex, muchos de los cuales no han recibido pagos y enfrentan riesgo de quiebra. Preguntó qué acciones concretas está tomando Sener para garantizar el cumplimiento de compromisos económicos y recuperar la confianza de las empresas afectadas.
Finalmente, Martín del Campo advirtió que 22 de los 26 proyectos prioritarios para ampliar y mejorar la red nacional de transformación eléctrica están detenidos. La comparecencia cerró con llamados a fortalecer la planeación energética y garantizar transparencia en la ejecución presupuestal.
