La jueza federal Loretta Preska ordenó a YPF presentar en un plazo de 15 días la documentación solicitada en el proceso de discovery, como parte de la investigación que busca determinar si la petrolera argentina puede ser considerada alter ego del Estado argentino. Esta definición es central para establecer si los activos de la empresa podrían ser utilizados como parte del pago de la sentencia por 16,000 millones de dólares que pesa sobre el país.

Aunque Preska absolvió previamente a YPF de responsabilidad directa en el fallo, el litigio continúa en torno a la posibilidad de que sus bienes sean embargados por los beneficiarios de la sentencia. La jueza busca esclarecer los vínculos institucionales y operativos entre la empresa y el Estado, lo que podría modificar el alcance de la ejecución judicial.

“El desafío de YPF es demostrar su independencia del Estado argentino”, explicó el especialista Sebastián Maril en declaraciones a Noticias Argentinas. Si se determina que la compañía actúa como extensión del gobierno, sus activos podrían quedar expuestos a medidas de cobro por parte de los demandantes.

El caso, impulsado por el fondo Burford Capital, ha escalado en complejidad tras las apelaciones cruzadas presentadas por las partes. Por un lado, el Estado argentino busca revertir la sentencia condenatoria, mientras que Burford impugna la exoneración de YPF. Ambas posiciones serán expuestas ante la Cámara de Apelaciones el próximo 29 de octubre.

Este litigio internacional pone en juego no solo el patrimonio estatal, sino también la autonomía jurídica de una de las principales empresas energéticas de Argentina, en un contexto de alta sensibilidad financiera y política. La resolución sobre el carácter de YPF podría sentar un precedente en materia de responsabilidad corporativa y soberanía económica.