Moody’s Ratings ha emitido un aviso respecto a la recategorización de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como “empresas públicas” tras la reciente reforma constitucional. La calificadora indica que esta medida podría tener un impacto negativo en el desempeño financiero de ambas entidades y podría limitar las inversiones en energías renovables en México.

La reforma, que modifica los artículos 25, 27 y 28, establece que la seguridad del suministro energético tendrá prioridad sobre la rentabilidad financiera. Según Moody’s, este cambio puede incrementar la dependencia financiera de Pemex, que ha tenido un costo promedio para el gobierno de aproximadamente 9 mil millones de dólares anuales desde 2019. Se proyecta que las necesidades de efectivo de Pemex se duplicarán para 2026, alcanzando los 19 mil millones de dólares.

En cuanto a la CFE, aunque no se anticipa que requiera apoyo financiero adicional, dependerá de transferencias gubernamentales para compensar los subsidios tarifarios. Moody’s también menciona la incertidumbre sobre cómo se garantizará la participación estatal del 54% en la generación eléctrica, dado que aún no se han especificado los métodos de medición en la red de suministro. Esta falta de claridad podría afectar las inversiones privadas en energías renovables, complicando los objetivos de generación limpia planteados para 2030.

La situación resalta la importancia de encontrar un equilibrio entre la seguridad energética y la sostenibilidad financiera en el sector energético mexicano.