El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) advirtió que, en caso de aprobarse la iniciativa energética, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se vería forzada a incurrir en costos adicionales para poder generar y suministrar la energía eléctrica demandada en el país. Estos costos tendrían impactos significativos para los consumidores, afectarían el clima de inversión, así como las finanzas públicas y la economía del país. No es necesario erogar recursos públicos adicionales en un segmento donde actores del sector privado, mediante la correcta regulación por parte de organismos autónomos, pueden asumir el riesgo financiero y la responsabilidad. La CFE debe priorizar las inversiones en sus monopolios legales, es decir, reforzar y expandir sus redes de transmisión y distribución, donde si la empresa no invierte, nadie más lo hará. 

El IMCO analizó el impacto de la reforma a través de tres escenarios. En el Escenario 1 se plantea un supuesto en que la CFE invierte en el nuevo parque fotovoltáico y en la renovación de 14 de las 60 centrales hidroeléctricas, y el resto de la demanda se cubre con termoeléctricas, carboeléctricas y ciclos combinados. 

En este escenario, la CFE enfrentaría un costo de 512 mmdp a precios del 2021 para el periodo 2022-2028: 427 mmdp para generación eléctrica, 70 mddp de inversión y 15 mmdp de operación y mantenimiento.

Según el IMCO, en el escenario 2 la CFE invierte en el nuevo parque fotovoltáico y se aumenta el factor de planta (indicador que refleja la relación entre la energía real generada en un tiempo determinado y la energía que se habría producido si la planta operara al 100% de su capacidad) de todas las hidroeléctricas de 40 a 60% (promedio mundial). El resto de la demanda se cubre con termoeléctricas, carboeléctricas y ciclos combinados. 

La CFE enfrentaría un costo de 406 mmdp a precios del 2021: 324 mmdp por costos de generación, 73 mmdp por costos de inversión y 9 mmdp por costos de operación y mantenimiento.

En el escenario 3, el IMCO supone que la CFE compra su energía adicional en las subastas de largo plazo (donde los suministradores y grandes usuarios pueden celebrar contratos anuales de largo plazo -15 años para energía y potencia y 20 años para Certificados de Energías Limpias- que se llevaron a cabo entre 2015 y 2017) sin cambios a la legislación existente. De comprar la energía adicional en las subastas de largo plazo, la CFE tendría que cubrir un costo de 94 mmdp a precios del 2021. 

“Este escenario es conservador en la medida que los costos de generación renovable no son estáticos, sino que han registrado reducciones por las mejoras tecnológicas”, aseguró IMCO en un comunicado.

Para fortalecer a la CFE, el IMCO propone retomar las subastas a largo plazo. Las subastas a largo plazo tenían como objetivo beneficiar a ciudadanos y consumidores al incentivar inversiones en energías renovables, fomentar la competencia en el sector y estabilizar los precios de la potencia.Además, sugiere fortalecer y expandir la Red Nacional de Transmisión para garantizar la seguridad del sistema y facilitar la unión de generadores privados a la red. Finalmente, propone retomar el programa de retiro de centrales más contaminantes y, en el largo plazo, se priorice la instalación de aquellas con menor huella ambiental y de carbono para su funcionamiento.