Por Mijaíl Smyshlyaev

En colaboración con el Instituto IRTTEK

En junio de 2020, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso sanciones a los capitanes de cinco petroleros iraníes que transportaban gasolina a Venezuela. En mayo realizaron el primer y hasta el momento el último suministro de gasolina de Irán, por el que Caracas pagó con sus escasas reservas del Banco Central.

En agosto de 2020, reaparecieron largas colas en las estaciones de servicio en Venezuela. El transporte público casi se detuvo. Los venezolanos tienen que caminar varios kilómetros para llegar al trabajo.

Caracas no es capaz de abastecer de gasolina a la población, que necesita 120,000 barriles de combustible al día. Al mismo tiempo, Irán entregó solo alrededor de 1’500,000 barriles en mayo. La solución a la situación resultó ser temporal, y también le costó caro a Caracas, porque la entrega de combustible por vía marítima a una distancia de 13,600 kilómetros suma alrededor de un 10% al costo del barril.

Caracas tuvo que pagar 500 millones de dólares en oro. El presidente Nicolás Maduro intentó gastar con cuidado los bienes comprados, vendiendo una parte por moneda nacional, bolívares, y la otra por dólares. Sin embargo, la situación se ha vuelto a ser casi crítica.

Rolín Iguarán, director de la Cátedra Petrolera de LUZ de la Universidad del Zulia-Venezuela, comentó a IRTTEK la situación con gasolina en el país:

En Venezuela la producción y distribución de gasolina pertenecen al Estado, quien lo administra a través de PDVSA, empresa que controla las redes de distribución a las empresas que poseen líneas aéreas, transporte marítimo y fluvial, y sector industrial.

El transporte automotor se realiza a través de Estaciones de Servicios de propiedad privada, pero desde el primer trimestre del año controladas por el Estado mediante su ocupación por la Guardia Nacional (uno de los cuatro componentes de las Fuerzas Armadas Nacional).

La escasez de la gasolina para transporte público y el parque automotor de la población se viene agravando desde el 2019. El gobierno nacional ha implementado las medidas como venta de gasolina a los propietarios de vehículos de acuerdo con el número en que termina la placa del vehículo. También se estableció un máximo de 30 litros de gasolina por auto, se dividieron las Estaciones de Servicios en REGULADAS, donde surten 40 litros por un (1) dólar y NO REGULADAS donde se vende a un dólar cada litro.

La gasolina que distribuye el Estado comienza a escasear nuevamente, y reaparece en forma proporcional las ventas de gasolina no controladas por el gobierno de manera pública, notoria y generalizada en todas las regiones del país. La gasolina a la venta proveniente del mercado negro se adquiere entre $2 a 4 el litro en la actualidad, con tendencia a subir en la medida que se aumente la escasez.

Actualmente hay dos refinerías que están produciendo gasolina en Venezuela, El Palito en el Centro del país, y Centro Refinador Paraguaná (CRP). Ambas no han dado los resultados esperados, y la crisis por la escasez de gasolina se agrava aceleradamente.

El mercado negro observable en Venezuela funciona de la siguiente manera:

Se trata de la proliferación de vendedores al detal a las orillas de las carreteras y en las viviendas. Existe hasta la entrega personalizada (“delivery”), con tarifas dolarizadas y estandarizada por regiones. Por ejemplo, en la ciudad de Maracaibo que está a cuatro horas de la frontera con Colombia la gasolina se vende por 2-3 dólares por un litro, en Caracas el precio del combustible en el mercado negro varía entre 4 y 5 dólares por un litro.

La gasolina del mercado negro proviene en su mayoría de Colombia a través del contrabando. Grandes mafias binacionales están detrás de todo negocio lucrativo en Venezuela.

El mercado negro de gasolina y productos de primera necesidad no son enemigos del gobierno nacional, quien tiene el control absoluto de los aparatos del estado e instituciones públicas. El contrabando cubre la demanda que el Estado no puede o no quiere cubrir.

En Venezuela no existe ningún grupo político de la oposición con capacidad de capitalizar el descontento social. Sus líderes no tienen presencia física donde ocurre un desequilibrio social; asumen posturas radicales anti sistémicas, y poseen desprestigio en lo personal por tener fortuna de negocios dudosos o no trasparentes.

La oposición política tradicional constituida por los cuatro grandes partidos, que son AD, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, y Voluntad Popular, siguen cometiendo los mismos errores del pasado negándose a participar en los venideros procesos electorales, porque participar es para ellos legitimar las victorias del partido de gobierno, es decir, cantan por adelantado su derrota.