Luego de que un juez federal suspendiera indefinidamente el Acuerdo que contiene la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) publicado por la Secretaría de Energía (Sener), ésta última anunció que combatirá su resolución.
La Sener señaló que el Gobierno Federal, con base en sus responsabilidades constitucionales, respeta el Estado de Derecho y promueve el interés general de todos los mexicanos, por lo que presentará ante el Poder Judicial la motivación y fundamentos de la Política en el SEN.
«La Constitución estableció como responsabilidad y atribución exclusiva de la Nación la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional. La Política de Confiabilidad incluye todas las dimensiones del Sistema Eléctrico Nacional: la Red Nacional de Transmisión, las Redes Generales de Distribución; las Centrales Eléctricas que entregan energía eléctrica a la Red Nacional de Transmisión o a las Redes Generales de Distribución, los equipos e instalaciones del CENACE utilizados para llevar a cabo el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional, y demás elementos que determine la Secretaría de Energía.
«La transmisión y distribución eléctrica son consideradas, por mandato constitucional, áreas estratégicas y de interés público, a cargo del Estado. La Política de Confiabilidad establece criterios técnicos para la incorporación confiable, progresiva y acelerada de la energía de cualquier técnica de generación incluyendo las renovables, destacando también la generación distribuida, la electromovilidad, redes inteligentes y reservas de capacidad operativa», manifestó.
Indicó que la realidad en el desbalance energético se observa en como se otorgó de manera irresponsable y sin planeación un sinfín de permisos de generación eléctrica, que duplican «la demanda máxima instalada instantánea del Sistema Eléctrico Nacional. La Política de Confiabilidad dará certeza a los proyectos que cumplan con los requisitos que se establece».
Agregó que ningún derecho económico prevalecerá sobre el interés general y de la Nación, cuando éste afecte el suministro confiable de electricidad, porque es un servicio necesario, estratégico y de seguridad nacional, que debe garantizar el Estado para todos los mexicanos.
