La presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó el compromiso de su gobierno con la política de “cero impunidad” en el caso del contrabando de combustible, tras el arresto de catorce personas, entre ellas funcionarios y militares, vinculados al decomiso de diez millones de litros en el estado de Tamaulipas.
Las detenciones se derivan de una investigación sobre un buque en el puerto de Tampico, señalado por transportar sustancias no clasificadas como combustible. El esquema permitía evadir impuestos mediante permisos temporales, simulando que el producto sería procesado y exportado.
Sheinbaum explicó que esta operación se conoce como “huachicol fiscal”, ya que el combustible ingresaba al país sin pagar impuestos. Posteriormente, era vendido a gasolineras y proveedores privados, generando altos márgenes de ganancia para los involucrados.
Entre los detenidos figura el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, familiar del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán. La presidenta aclaró que el caso no se ha retrasado por vínculos personales, y recordó que Ojeda presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República hace dos años.
En julio, autoridades realizaron otro operativo en Tamaulipas, donde se decomisaron 1.8 millones de litros de hidrocarburo ilegal y un inmueble relacionado con la red. Estos esfuerzos forman parte de la estrategia del Gabinete de Seguridad para combatir el robo y almacenamiento ilegal de combustible.
El gobierno estima que el delito de huachicol ha provocado pérdidas superiores a 4 mil millones de dólares entre 2019 y 2024. Sheinbaum aseguró que las investigaciones seguirán “hasta donde tope”, sin importar si hay funcionarios públicos o empresarios implicados.
