La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su administración trabaja en consolidar una base única de datos sobre importación, producción y venta de combustibles, con el fin de identificar irregularidades vinculadas al llamado “huachicol fiscal”.
Durante su conferencia en Ciudad de México, Sheinbaum descartó que el daño económico por contrabando ascienda a 600,000 millones de pesos, como señaló la Procuraduría Fiscal. Aclaró que esa cifra proviene de un cálculo legislativo y no de la Secretaría de Hacienda.
“Tenemos un grupo de trabajo que está juntando todas las bases de datos para tener una sola fuente de información”, dijo. El objetivo es determinar si se vende más combustible del que se importa y produce, lo que indicaría contrabando o falta de registro.
La mandataria explicó que el sistema incluirá datos de Pemex, aduanas, la Secretaría de Energía y el SAT. Se espera que hacia finales de octubre el gobierno cuente con información en tiempo real sobre el flujo de combustibles.
Hasta ahora, la Procuraduría Fiscal ha confirmado querellas por 16,000 millones de pesos. La Fiscalía General de la República (FGR) también investiga a funcionarios aduaneros y navales por permitir el ingreso ilegal de combustible bajo clasificación de aditivos.
Entre los implicados figura el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, detenido por su presunta participación en la red. El caso ha reactivado el debate sobre trazabilidad energética y control fiscal en el sector hidrocarburos.
