Representantes de cámaras empresariales del sector energético e industrial mexicano expusieron el impacto operativo y financiero que enfrentan miles de empresas proveedoras ante los adeudos acumulados de Petróleos Mexicanos (Pemex), que superan los 431 mil millones de pesos, equivalentes al 1.7% del PIB nacional.

Durante una conferencia de prensa, realizada en Ciudad del Carmen, los dirigentes señalaron que más del 60% del pasivo corresponde a trabajos ejecutados en 2024, sin mecanismos claros de pago ni garantías contractuales. A pesar de los anuncios presidenciales y del vehículo financiero operado por Banobras, los pagos siguen sin materializarse, lo que ha puesto en riesgo la continuidad de operaciones en regiones clave como Campeche y Tabasco.

Ante dicha cuestión, los empresarios plantearon una agenda mínima de soluciones inmediatas, que incluye propuestas como el pago verificable de adeudos, la liberación inmediata de COPADEs pendientes, el cumplimiento contractual en 2025, medidas fiscales para empresas afectadas y la instalación de una comisión mixta Pemex-proveedores. También se solicitó mayor claridad en las reglas del fondo anunciado por Banobras.

Advirtieron que decenas de pequeñas y medianas empresas han cerrado operaciones ante la falta de liquidez; además que más de 12,000 empleos directos y 30,000 indirectos están comprometidos por dicha situación. Asimismo, señalaron que la producción nacional de crudo cayó a 1.63 millones de barriles diarios en 2025, una reducción del 26% respecto a 2018, lo que se ha traducido en una presión aun mayor.

El posicionamiento fue respaldado por organismos como la  Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros A.C. (AMESPAC), la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), la Comisión Mexicana de Energía (COMENER), y la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas (CANAME), entre otros, quienes subrayaron que México no puede hablar de estabilidad energética sin garantizar condiciones mínimas de operación para quienes sostienen la cadena productiva del sector hidrocarburos.