Morena aceleró el proceso de extinción de siete órganos autónomos y entes reguladores al presentar un predictamen que ya circula en la Cámara de Diputados. La propuesta incluye la eliminación de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval), así como la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).

El predictamen justifica estas acciones bajo el argumento de racionalizar los recursos públicos, promover la austeridad y evitar la duplicidad de funciones, con el fin de erradicar las desigualdades sociales. Según el documento, los órganos autónomos carecen de legitimidad democrática y no han contribuido a una verdadera descentralización, sino más bien a una desconcentración administrativa.

La propuesta sostiene que la CRE, por ejemplo, ha otorgado permisos de generación eléctrica a particulares de manera desordenada, lo que ha puesto en riesgo las redes de transmisión y el Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Con la reforma, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) asumiría el establecimiento de tarifas eléctricas y la Secretaría de Energía (Sener) las demás funciones de la CRE.

Desde su creación y hasta 2024, a estos organismos se les ha asignado un total de 32 mil 313 millones 546 mil 205 pesos, con un aumento anual en sus presupuestos. Las economías generadas por la extinción de estos entes públicos se destinarían al Fondo de Pensiones para el Bienestar.

El predictamen también asegura que la extinción de estos órganos no contraviene las obligaciones de México establecidas en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), garantizando la libre competencia en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones.

En caso de aprobarse el predictamen, las atribuciones de los entes eliminados se repartirían entre diversas secretarías. La Cofece sería absorbida por la Secretaría de Economía, el IFT por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), y las funciones del Inai se distribuirían entre distintos entes públicos y la Función Pública. Los recursos materiales y sistemas electrónicos de los entes extintos pasarían a formar parte de las dependencias del Ejecutivo Federal o al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según corresponda.

Finalmente, los comisionados y titulares de estos órganos autónomos y reguladores concluirán sus funciones al entrar en vigor la legislación correspondiente.

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