Una coalición de más de veinte estados liderados por fiscales demócratas, junto con el Distrito de Columbia, presentó dos demandas federales contra el Gobierno del presidente Donald Trump por la cancelación del Programa Solar para Todos, una iniciativa de 7,000 millones de dólares destinada a facilitar el acceso a energía solar en hogares de bajos ingresos.

Las querellas, interpuestas ante el Tribunal Federal de Reclamaciones y un tribunal en el estado de Washington, acusan a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de haber incumplido obligaciones contractuales al suspender el programa, que había sido financiado por el Fondo para la Reducción de Gases de Efecto Invernadero durante la administración de Joe Biden.

El programa había asignado recursos a 60 beneficiarios, incluyendo estados, tribus, regiones y organizaciones sin fines de lucro, con el objetivo de reducir las facturas eléctricas, impulsar empleos sindicalizados y disminuir la huella de carbono. “El Programa Solar para Todos se creó para brindar alivio a todos los estadounidenses”, declaró el fiscal de California, Rob Bonta, quien forma parte de la demanda.

Los demandantes alegan que la decisión de la EPA, anunciada en agosto por el administrador Lee Zeldin, se basó en una interpretación “falsamente” restrictiva de la autoridad legal de la agencia. De mantenerse la cancelación, más de 900,000 hogares en comunidades vulnerables perderían acceso a energía solar de bajo costo, lo que afectaría directamente los avances en energías limpias.

Entre los estados que respaldan la acción legal se encuentran California, Nueva York, Illinois, Arizona, Michigan, Washington, Massachusetts, Nuevo México, Oregón, Pensilvania, entre otros, además de entidades como la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC) y la Corporación de Desarrollo Económico de Wisconsin. La coalición busca que se restablezca la financiación y se reactive el programa para evitar un retroceso en la transición energética nacional.