Una coalición de fiscales generales estatales ha interpuesto una demanda federal contra la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, la cual suspende permisos, financiamiento y aprobaciones para proyectos de energía eólica en Estados Unidos.

El grupo, conformado por 17 estados y Washington, D.C., argumenta que la directiva excede la autoridad presidencial, afectando el desarrollo de una fuente clave de energía renovable que contribuye a la mezcla energética, el crecimiento económico y los objetivos climáticos.

«Esta directiva arbitraria e innecesaria amenaza con la pérdida de miles de empleos bien remunerados y miles de millones en inversiones», declaró Letitia James, fiscal general de Nueva York, quien lidera la coalición.

La orden de Trump se enmarca en su promesa electoral de frenar la industria de energía eólica marina, alegando deficiencias legales en los procesos de arrendamiento y permisos. Sin embargo, sus opositores sostienen que la suspensión contradice el respaldo bipartidista a la energía eólica, y pone en riesgo la viabilidad de proyectos clave.

Entre las medidas tomadas por la administración Trump, en abril se ordenó a la compañía noruega Equinor detener la construcción de Empire Wind, un proyecto destinado a suministrar electricidad a 500,000 hogares en Nueva York, que ya tenía autorización federal y había completado 30 % de su desarrollo.

La energía eólica representa aproximadamente el 10 % de la generación eléctrica en EE.UU., consolidándose como la principal fuente renovable del país. Los fiscales generales argumentan que la orden ejecutiva afecta inversiones estatales millonarias, incluyendo mejoras en infraestructura y redes de transmisión.

Además, la demanda contradice la declaración de «emergencia energética nacional» de Trump, que en principio buscaba expandir la producción de energía doméstica, mientras que la suspensión de proyectos eólicos limita opciones de generación y pone en peligro los compromisos ambientales.