La petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela, PDVSA, ha acumulado 21.2 millones de dólares en cuentas comerciales por cobrar, según documentos vistos por Reuters, luego de recurrir a docenas de intermediarios poco conocidos para la exportación de su petróleo, bajo las sanciones de Estados Unidos.

La enorme cantidad de cuentas por cobrar, correspondientes a cerca del 84% del valor total de las exportaciones facturados por PDVSA, ha revelado por primera vez la profundidad de las pérdidas de ingresos generadas debido al retiro, desde el año 2020, de los compradores ya establecidos.

El monto de las cuentas por cobrar también explica la decisión tomada el pasado mes de enero por el nuevo jefe de PDVSA, Pedro Tellechea, de congelar la mayoría de los contratos de suministro de la compañía y endurecer las condiciones de pago. Dichas medidas llegan tras los intentos previos por parte de PDVSA por detener la salida de embarques sin pago previo.

El presidente Nicolás Maduro aceptó el lunes la renuncia del ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, un poderoso funcionario quien sirvió al gobierno durante dos décadas, en medio de una amplia investigación anticorrupción centrada principalmente en PDVSA y el poder judicial, que ha enviado a decenas de funcionarios a la cárcel en los últimos días.

El Aissami ha dicho que colaborará con la investigación.

De acuerdo con documentos proporcionados por PDVSA a la Fiscalía durante una larga auditoría de sus procesos de venta, de un total de 25.27 millones de dólares en exportaciones petroleras facturadas entre enero de 2020 y marzo de 2023, sólo se ha confirmado la recepción de 4.80 millones en pagos, excluyendo algunos canjes como el de Cuba, lo que significa que sólo obtenido el 16% de las exportaciones, según sus cuentas.

Potencialmente irrecuperables

Los 21,200 millones de dólares en cuentas por cobrar incluyen cerca de 3.6 millones de dólares en facturas potencialmente irrecuperables vinculadas a buques petroleros que abandonaron el país sin pagar por adelantado al menos una parte del valor de los cargamentos, a pesar de que estos habían aceptado esos términos, según los documentos.

Dichas cuentas también incluyen un saldo pendiente a favor de PDVSA con uno de sus socios estratégicos, Irán, sobre un intercambio petrolero, según los documentos.

Algunos clientes ya han interpuesto algunas disputas de las deudas comerciales contabilizadas por PDVSA y proporcionado soportes de los pagos que no habían sido registrados en el sistema de administración de contratos, dijo una fuente de la compañía.

PDVSA y el Ministerio de Petróleo de Venezuela no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

Durante la auditoría, los departamentos de Finanzas Internacionales y Contraloría de PDVSA señalaron que, dentro de la documentación registrada en el sistema de contratos, ejecutivos de la división de Comercio y Suministro habían estado autorizando el zarpe de cargamentos sin que se completara el proceso de verificación de los adeudos.

El ex vicepresidente de Comercio y Suministro de PDVSA, Antonio Pérez Suárez, y un total de 20 ejecutivos que trabajaban para él, han sido detenidos en los últimos días, según fuentes cercanas al proceso. Reuters no pudo comunicarse con ningún representante de Pérez Suárez.

Tras las sanciones impuestas por Estados Unidos a PDVSA por primera vez en 2019, en un esfuerzo por expulsar a Maduro después de una reelección que los opositores denunciaron como una farsa, PDVSA recurrió a unidades de la petrolera rusa Rosneft para comercializar la mayor parte de sus ventas a Asia, con lo cual compensar la pérdida de su principal mercado, Estados Unidos.

Debido a ello, Rosneft enfrentó sanciones por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2020, lo que obligó a PDVSA a recurrir primero a una red de intermediarios con sede en México, quienes también fueron sancionados por Washington, y luego a docenas de intermediarios menos conocidos, lo que exacerbó el problema del pago fallido.