El 5 de marzo de 2025, el Congreso aprobó una reforma a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, que introduce un nuevo régimen fiscal para Petróleos Mexicanos (Pemex). Esta reforma reemplaza el pago de diversas contribuciones por un único derecho denominado “Derecho Petrolero para el Bienestar”, que comenzará a aplicarse en 2025.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) ha expresado su preocupación sobre los efectos de este cambio, señalando que no será neutral para las finanzas públicas. Según el IMCO, la reforma reduce la carga fiscal de Pemex, permitiendo que una mayor proporción de la renta petrolera permanezca dentro de la empresa. Sin embargo, esto implicará una disminución en los ingresos fiscales que el Estado utiliza para financiar programas sociales y proyectos de inversión.

Más allá de la modificación fiscal, el IMCO subraya que el problema de fondo está en la gestión de Pemex. Mientras no se implementen reformas estructurales que mejoren su eficiencia operativa y financiera, la empresa podría continuar dependiendo del apoyo presupuestario del Gobierno. Esto pondría en riesgo recursos públicos que de otro modo podrían destinarse a áreas clave como infraestructura, salud, seguridad y educación, lo cual afectaría negativamente la competitividad de México.

Este nuevo régimen fiscal marca un punto crucial en la evolución de Pemex, cuyas finanzas y eficiencia operativa serán determinantes para el futuro del sector energético y la economía del país. Sin cambios significativos en su gestión, la petrolera seguirá enfrentando retos que podrían limitar su capacidad de contribuir de manera más efectiva a las finanzas nacionales.