La Concanaco Servytur se pronunció por un acuerdo a la brevedad entre la Comisión Federal de Electricidad y las empresas privadas constructoras del ducto que distribuirá gas natural al sureste del país, porque el arbitraje internacional que inició la CFE postergará aún más la generación suficiente de electricidad en la Península de Yucatán y persistirán los apagones en perjuicio de la industria, la actividad comercial y de servicios, el turismo y los consumidores en general.

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), José Manuel López Campos, señaló que urgen soluciones inmediatas para el abastecimiento de gas natural a la zona, a fin de contar con combustible suficiente para generar electricidad y abastecer del energético, de acuerdo a sus necesidades, a la planta industrial de la península de Yucatán, para que no continúen las afectaciones al aparato productivo y a la economía regional.

Indicó que la solicitud de arbitraje de la CFE en su contrato con las empresas constructoras del gasoducto marino entre Texas, Estados Unidos y Tuxpan, Veracruz, posterga el suministro de este combustible a la Península de Yucatán y se suma a problemas como el incremento de la demanda de electricidad en la temporada de calor y tareas de mantenimiento de la empresa pública que, en conjunto, propician los apagones.

La CFE, recordó, sostiene que la empresa IEnova, con participación de capital estadounidense, canadiense y mexicano, debe pagarle por concepto de daños y perjuicios 899 millones de dólares, por los costos adicionales que tuvo la empresa productiva paraestatal por el incumplimiento de contrato, atribuyéndole al consorcio la responsabilidad de no iniciar el servicio de transporte de gas natural en la fecha convenida.

“También, la Comisión Federal de Electricidad pide se declare la nulidad de todas las cláusulas contrarias a la política pública y el interés social y a los principios de equidad y la desaparición del clausulado relacionada con causas de fuerza mayor”, anotó.

El líder empresarial expuso que la CFE deberá informar por que no emitió la constancia de aceptación de la terminación del ducto construido por la sociedad conformada por las empresas privadas TC Energy Corporation (TC Energía), e Infraestructura Energética (IEnova), cuyos trabajos concluyeron el 11 de junio.

“El gasoducto marino que llevará el combustible a la Península de Yucatán tuvo un costo de más de 2 mil 500 millones de dólares y es uno de los proyectos más importantes en el país de los últimos años, pues tiene capacidad de transportar 2 mil 600 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, lo que asegura el abastecimiento en esas zonas con déficit de suministro”, precisó.

El lunes pasado, apuntó, la CFE envió una solicitud de inicio de arbitraje internacional, mediante la cual reclama la nulidad de cláusulas del contrato entre las partes y el pago de daños, pero de acuerdo al consorcio privado esa petición no impide que la empresa pública emita una constancia de aceptación de terminación del gasoducto.

José Manuel López Campos puntualizó que si el contrato fijado entre las dos partes es producto de una licitación pública internacional y sus términos fueron aceptados de común acuerdo, debe llegarse a una solución lo más rápido posible para no retrasar más la transportación de gas natural a la Península de Yucatán.

Subrayó que de acuerdo al Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas), concluyó en marzo pasado la reconfiguración de la estación de Cempoala, Veracruz, pero el abasto de gas natural se afectó por la explosión en la plataforma Abkatun Alfa desde 2015, lo que ha limitado el suministro del combustible.

Aseguró que el anuncio de que se construirá una nueva central eléctrica en esa región, anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, es una noticia positiva para el incremento de capacidad en el largo plazo, pero se requieren acciones inmediatas para solucionar el problema actual de abastecimiento de gas natural y generación de energía eléctrica.

Este tipo de acciones no abonan a la demanda de la iniciativa privada que ha insistido en solicitar condiciones que generen certidumbre, para propiciar confianza a la inversión requerida en México para el crecimiento económico y el desarrollo productivo incluyente, concluyó López Campos.