La Cámara de Diputados recibió, la tarde de este viernes, una iniciativa del Ejecutivo Federal con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos.

El documento, publicado en la Gaceta Parlamentaria, se turnó a la Comisión de Energía, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

Se busca desincentivar diversas prácticas relacionadas con el comercio ilícito de hidrocarburos y petrolíferos, así como reordenar diversas actividades económicas en el sector energético, con el fin de combatir la corrupción, garantizar el abasto, proteger la economía nacional y los ingresos que percibe el Estado.

Con las reformas se busca incidir en varios aspectos de la Ley de Hidrocarburos como: almacenamiento mínimo de petrolíferos establecidos por la Secretaría de Energía; negativa ficta en el procedimiento de trámite de los permisos; revocación de permisos en caso de reincidencia en el incumplimiento de diversas disposiciones aplicables en materia de hidrocarburos y petrolíferos; sancionar y desincentivar el contrabando de combustible; suspensión de permisos por peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad estratégica o para la economía nacional.

En los considerandos, se argumenta que, pese a los avances, existe una problemática que aún queda pendiente de atender y está relacionada con los ilícitos que cometen los distribuidores de combustibles que despachan cantidades menores a las que los usuarios pagan, situación que representa un grave problema para la economía familiar.

Señala que, de acuerdo con una estimación realizada por la Cámara de Diputados, la cantidad de litros diarios no entregados a los consumidores por este concepto asciende a un millón 736 mil litros, lo que a un precio promedio de 19.32 pesos implicaría que las gasolineras que utilizan el software conocido como “rastrillo” o componente, obtienen ganancias que ascenderían a 33 millones 539 mil 520 pesos diarios.

Resalta que el contrabando de combustibles representa una grave afectación para el erario y una competencia desleal para los permisionarios legalmente establecidos.

Precisa que el acceso a los energéticos es fundamental para el desarrollo social y económico de las personas y sus comunidades. No obstante, en México existe una desigualdad en el acceso a la energía que se deriva principalmente de la corrupción y de diversas actividades ilícitas.

La iniciativa reforma los artículos 51; 53, párrafo segundo; 56, fracción XI, y 57, y se adiciona una fracción XII, pasando la actual fracción XII a ser fracción XIII, al artículo 56; el artículo 59 Bis, y un párrafo segundo a la fracción II del artículo 86, de la Ley de Hidrocarburos.