El Consejo Coordinador Empresarial emitió un comunicado mediante el cual expresa su profunda inconformidad «con el reiterado ataque a la autonomía de los órganos reguladores en materia energética, tanto por parte del equipo de transición de la próxima Secretaría de Energía, como a través de diversas iniciativas legislativas. En las últimas semanas, han sido constantes los intentos de vulnerar las atribuciones constitucionales de estos organismos, concentrar el poder y someterlos a las autoridades políticas».

Tras la presión a los comisionados de la CRE y la CNH para obtener sus renuncias y el intento de sectorización de los órganos autónomos a la Secretaría de Energía, el último de estos intentos se concretó la semana pasada, con la aprobación por parte del Senado de la República de una modificación al artículo 33, fracción XXI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Según esta modificación, «La Secretaría de Energía coordinará con la Comisión Reguladora de Energía la determinación de las tarifas reguladas de los servicios establecidos en la Ley de la Industria Eléctrica».

Esta disposición vulnera el artículo décimo transitorio, inciso c, de la Reforma constitucional de 2013, que otorga a la CRE la potestad de determinar las tarifas. Esta invasión de competencias de un órgano autónomo, puede abrir la puerta a la politización de las tarifas de energía y a una indebida concentración del poder dentro de la Secretaría de Energía.

«Como hemos reiterado, la autonomía de los reguladores es un principio esencial para el desarrollo eficiente del sector energético. Los países que atraen más inversiones al sector energético cuentan con órganos reguladores técnicos y autónomos que dan certeza a los mercados. De hecho, una regulación efectiva se ha traducido en mayor competencia en el sector energético, eficiencia en los mercados, calidad de los servicios, más inversión y menores costos de aprovechamiento de los recursos naturales. Así lo han demostrado los casos de Estados Unidos, Dinamarca, Uruguay, Chile y Colombia, entre otros», señala.

La autonomía de los reguladores permite que sus acciones privilegien el interés público frente a los intereses particulares, de orden político o económico. Su mandato de largo plazo y la estructura colegiada de sus órganos de gobierno fomentan la objetividad y la consistencia de sus decisiones. Pese a los retos que aún tienen los reguladores, su autonomía es un elemento fundamental.

Estos principios han permitido que las decisiones de ambos organismos promuevan la competencia, equilibren las condiciones de mercado en beneficio de los consumidores, y fomenten el desarrollo de alternativas de suministro para alcanzar la seguridad energética. Las circunstancias coyunturales de alzas de precios debido a factores transitorios, no deben servir de pretexto para vulnerar las atribuciones constitucionales de estos órganos; decisiones políticas en espacios técnicos pueden ser muy dañinas en el mediano y largo plazo.

«Hacemos un enérgico llamado a la Cámara de Diputados a corregir esta disposición, aprobada sin debate en el pleno del Senado. Asimismo, llamamos a las próximas autoridades de Energía, a dialogar a profundidad con el sector privado, a fin de evitar acciones que dañen la certidumbre jurídica, la confianza y las posibilidades de inversión en un área clave para el desarrollo futuro de México», concluye el documento.