Especialistas, presidentes municipales y representantes de organizaciones de la sociedad civil expusieron sus propuestas y alertaron de las consecuencias de no contar con un debido uso y protección de los recursos hídricos que posee el país.
Durante el foro “Panorama y Perspectivas del Agua en México 2019-2024”, organizado por el Instituto Belisario Domínguez; la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, y la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Senadores, se planteó lo referente a la gobernanza hídrica; crisis hídrica y cambio climático; y el agua y desarrollo económico.
Andrés Ávila Akerberg, director ejecutivo de Política y Legislación Ambiental (Polea), alertó sobre la baja en la disponibilidad del agua en México principalmente en la Ciudad de México y la zona sur del país, tomando en cuenta el crecimiento demográfico y la permanencia de migrantes en la dicha región.
Resaltó la importancia de que el agua sea incorporada a la Ley de Seguridad Nacional, ya que hay evidencia que obliga su inclusión. Si no hay agua puede afectar a las instituciones, a la democracia o consecuencias a la infraestructura estratégica como las presas. La Seguridad Nacional, dijo, no solo está vulnerable por temas de violencia.
A su vez, Beatriz Olivera Villa, investigadora de Fundar, enfatizó que la política energética debe alinearse a los preceptos del cuidado del agua, por lo que el presidente debe cumplir su compromiso 75 de 100 para “no utilizar métodos de extracción de materias primas que afecten la naturaleza y agoten las vertientes del agua como el fracking”. Y decretar una suspensión inmediata a la realización de la fractura hidráulica.
Afirmó que México debe prohibir el fracking como método para la extracción de hidrocarburos, ya que en Estados Unidos se ha encontrado evidencia que esta práctica ha causado enfermedades en las personas por la contaminación de agua.
“México debe prohibir la extracción de hidrocarburos por fracturación hidráulica tal como lo han hecho Francia y Bulgaria y numerosos gobiernos regionales alrededor del mundo”, subrayó.
En la planeación e implementación de la política energética, las entidades públicas deben asegurar el respeto y garantía de los derechos humanos. El Estado debe garantizarlos como lo establece el artículo 4 de la Constitución y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc), y no permitir actividades que lo pongan en riesgo.
También participaron Mauricio Osorio Domínguez, presidente municipal de Valle de Bravo; Elda Lara, representante de la Asociación Civil Centinelas del Agua; Adrián Fernández Bremauntz, director ejecutivo de la Iniciativa Climática de México; así como Fernando González Villarreal, representante del Programa de Manejo, Uso y Reúso del Agua en la UNAM.
