La industria energética mexicana ha entrado en una ruta de conflicto derivado de la
rispidez en la relación entre la inversión privada y las políticas públicas impulsadas
por la actual administración.
Los esquemas de representación que rigen actualmente la relación entre los
empresarios y el Gobierno Federal: CCE, CONCAMIN y COPARMEX, hasta ahora
no han logrado atemperar o re-enfocar esa dinámica misma que ha entrado en un
debate ideológico enmarcado en los aspectos técnicos de la energía.
Por lo anterior, es indispensable la creación de la CÁMARA NACIONAL DE LA
INDUSTRIA ENERGÉTICA. Con ese propósito, el pasado 5 de marzo de 2019 se constituyó la asociación civil PROCNIE Por México, A.C, como Grupo Promotor de esa Cámara, misma que cuenta con 108 industriales distribuidos en más de 10 entidades federativas de la
República Mexicana, y como propósito representar el interés general de esa
industria y, en términos de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, constituirse, en ese sector, como una instancia de consulta y de colaboración entre la iniciativa privada y el Gobierno.
Por lo que se refiere a electricidad, los Acuerdos publicados recientemente para
condicionar administrativamente la conexión y el despacho de las energías eólica y
fotovoltaica a las redes de transmisión y distribución, se traducen en claras barreras
de entrada a la competencia y modifican de manera sustancial las condiciones de
retorno ofrecidas originalmente -y que aún rigen- a los inversionistas, así como el
clima de mercado y de regulación jurídica bajo las que contrataron.
Hoy, se encuentran suspendidas las pruebas pre-operativas de varios generadores
que estaban a punto de entrar en operación, o bien de iniciarlas, y hay 15
gobernadores que han externado su preocupación sobre lo que ello implica para la
actividad económica local.
De no variar esas condiciones, no puede esperarse un entorno favorable para el
abasto eléctrico del país, ni por lo que se refiere a la transición hacia tecnologías y
combustibles más limpios ni por lo que atañe a favorecer la seguridad y suficiencia
energéticas, ya que en esas formas de generación la participación privada tiene un
carácter insustituible en atención a la tecnología y capital que requieren.
En cuanto a hidrocarburos y sus derivados energéticos petrolíferos atañe, la
importación de combustibles, la comercialización y la venta al público también es
motivo de preocupación para los empresarios del ramo.
La energía es un tópico que no solamente concierne a los empresarios de ese ramo
sino a toda la sociedad en su conjunto: para la actividad económica es un insumo
que incide en el costo de producción mientras que para los usuarios domésticos
influye determinantemente en su calidad de vida.
Es necesario, para ello, la creación de nuevas instituciones que contribuyan a
acercar las visiones y polos de tensión que sufre la naciente industria energética y
que, de no atenderse eficazmente, puede sumir al país en un indeseable letargo
energético.
Por lo anterior, la CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA ENERGÉTICA
buscará fomentar una nueva instrumentalidad e institucionalidad de las relaciones
entre los agentes públicos y privados involucrados en la energía, a efecto de que el
país pueda garantizar las condiciones sociales, ambientales y jurídicamente
aceptables que favorezcan el desarrollo de la industria nacional, el interés público
representado por el Estado, el abasto y la disponibilidad de la energía asequible y
competitiva, en donde en ningún momento se verán afectadas la soberanía o la
seguridad energética.
