La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó a la Comisión Nacional de Energía (CNE) el cobro de 145 aprovechamientos por concepto de prestación de servicios regulatorios en el sector energético. La medida, publicada en el Diario Oficial de la Federación, actualiza las cuotas vigentes desde 2024 y sustituye el esquema anterior operado por la extinta Comisión Reguladora de Energía (CRE).

El listado incluye servicios como la supervisión anual de permisos, la evaluación de solicitudes para generación eléctrica, transporte y comercialización de hidrocarburos, así como la gestión del Sistema de Certificados de Energías Limpias (S-CEL). También se contemplan actividades de inspección, certificación y vigilancia del Mercado Eléctrico Mayorista, cuya cuota asciende a más de 35 millones de pesos, una de las cifras más altas del documento.

De acuerdo con el oficio 349-B-212, firmado por Hacienda, los ingresos generados deberán concentrarse en la Tesorería de la Federación, mediante el sistema de pago electrónico del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Las claves de referencia serán asignadas por el órgano administrativo competente, en cumplimiento del artículo 12 de la Ley de Ingresos de la Federación 2025.

La CNE, encabezada por Juan Carlos Solís Ávila, precisó que el monto total de los aprovechamientos no se recibirá de forma periódica, sino que corresponde a la suma unitaria de cada servicio. Algunos pagos serán únicos, mientras que otros se activan cada vez que un regulado solicite trámites como la cesión de permisos o el cambio de titularidad en estaciones de servicio.

El nuevo esquema representa un ajuste del 2.2% respecto al año anterior, equivalente a 1.3 millones de pesos adicionales. En 2023, la CRE generó más de 150 millones de pesos en derechos y aprovechamientos, mientras que el gobierno federal recaudó 218 mil millones por este concepto a nivel nacional.

La actualización busca fortalecer la recaudación fiscal en el sector energético, mejorar la trazabilidad de los pagos regulatorios y consolidar un marco administrativo más eficiente para las actividades de supervisión, certificación y autorización en industrias clave como la electricidad, el gas natural, el gas LP y los petrolíferos.