El Gobierno Federal evalúa establecer un precio tope para el diésel, en respuesta al impacto que este combustible tiene sobre la inflación y los costos logísticos en sectores clave como el agroalimentario, manufactura y distribución. La medida seguiría el modelo aplicado a la gasolina regular, cuyo precio fue limitado a 24 pesos por litro desde febrero.

El diésel es el principal insumo energético para el transporte de carga en México, y su encarecimiento —especialmente cuando no refleja las caídas en los precios internacionales— puede trasladarse rápidamente a toda la cadena productiva. De acuerdo con información compartida por Expansión, autoridades energéticas y económicas discuten un posible acuerdo que fije un precio objetivo, aunque aún no se define si será un esquema dinámico o fijo.

Especialistas advierten que la intervención podría generar distorsiones en el mercado, sobre todo si el precio fijado se ubica por debajo del umbral de rentabilidad para importadores y comercializadores privados. “Si se pone un nivel de precio al que no pueden competir las otras empresas es donde se crea esa distorsión”, señaló Alejandro Montufar, CEO de PetroIntelligence.

Además del impacto competitivo, se prevé un efecto fiscal relevante. Para sostener el precio topado, Pemex tendría que aplicar subsidios, lo que implicaría una reducción en sus ingresos por venta de combustibles. Montufar agregó que “al final los dos perdedores de una medida así son Pemex, que recauda menos dinero, y los competidores de Pemex al mayoreo como los importadores”.

La decisión permanece en análisis y dependerá del comportamiento de los precios internacionales, la inflación local y la capacidad del Estado para asumir el costo de un nuevo subsidio. El transporte de carga, considerado un motor clave de la economía mexicana, se mantiene como eje central en esta discusión regulatoria.