El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra dos ciudadanos mexicanos por su presunta participación en un esquema de sobornos dirigido a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) y su subsidiaria Pemex Exploración y Producción (PEP).

Los acusados, Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga, de 46 y 61 años respectivamente, habrían conspirado para entregar más de 150 mil dólares en efectivo y artículos de lujo con el fin de manipular procesos de licitación y asegurar contratos por al menos 2.5 millones de dólares. De acuerdo con el comunicado oficial, los actos se habrían cometido entre 2019 y 2021, periodo que coincide con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha sostenido un discurso de combate a la corrupción.

“Los acusados, ciudadanos extranjeros residentes en EU, presuntamente sobornaron a funcionarios mexicanos para manipular el proceso de licitación y obtener millones de dólares en contratos lucrativos y otras ventajas”, declaró Matthew R. Galeotti, fiscal general adjunto interino de la División Penal del Departamento de Justicia. En otra declaración, el funcionario agregó: “Esta acusación envía un mensaje claro: no toleraremos que se enriquezca a funcionarios corruptos en perjuicio del mercado justo”.

Rovirosa, quien fue arrestado y procesado, figura como director general de Roma Energy México, empresa que cuenta con una licencia de exploración y perforación del pozo Paraíso otorgada en 2015. Las autoridades también lo vinculan con miembros de cárteles mexicanos, aunque no se ofrecieron detalles adicionales.

Ávila Lizárraga, exfuncionario de Pemex y excandidato a la gubernatura de Campeche por el PAN en 2009, permanece prófugo. En el pasado, ha sido señalado por presuntos nexos con Oceanografía, empresa involucrada en un escándalo de fraude. Ambos enfrentan un cargo por conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y tres violaciones sustanciales de la misma ley.

Esta legislación busca sancionar a empresas y personas que sobornan a funcionarios públicos extranjeros para obtener ventajas comerciales. De ser declarados culpables, podrían enfrentar hasta cinco años de prisión por cada cargo.