El día de hoy, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició el estudio de la acción de inconstitucionalidad promovida por una minoría parlamentaria del Senado de la República, en la que solicitó la invalidez de diversos preceptos de la Ley de la Industria Eléctrica.

Como cuestión previa, la SCJN determinó que la Ministra Loretta Ortiz Ahlf no se encuentra impedida para conocer del asunto, al no actualizarse supuesto alguno del artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Asimismo, se aprobaron los considerandos relativos a los presupuestos procesales de la acción y se votó el relativo a consideraciones previas, donde se desarrolla el marco constitucional aplicable al sistema eléctrico.

Tras más de dos horas de debate, el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, aplazó para el próximo jueves 7 de abril, a partir de las 11:00 de la mañana, la votación sobre la Ley de la Industria Eléctrica, que busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al cambiar, entre otros puntos, el orden de despacho de la energía.

Durante la sesión, varios de los ministros mostraron su preocupación por el impacto que podría tener para la inversión privada y para el impulso de las energías limpias.

Los 11 ministros de la Suprema Corte deben fallar esta semana sobre una acción de inconstitucionalidad y dos controversias constitucionales presentadas por miembros del Senado, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el estado de Colima, respectivamente.

El decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica del 2014 fue publicado en marzo de 2021 tras su aprobación en el Legislativo.n La reforma elimina el criterio económico para despachar primero las plantas de la CFE, incluidas las de combustibles fósiles, sobre las privadas de renovables.

Además, revisa de forma retroactiva los contratos, cambia las reglas de los Certificados de Energías Limpias (CEL) para favorecer a plantas viejas de la CFE y contempla revocar permisos de autoabastecimiento obtenidos «en fraude a la ley», entre otros puntos.

Los tres proyectos de sentencia fueron elaborados por la ministra Loretta Ortiz, nombrada por López Obrador, lo que causó controversia porque en el pasado, cuando era política del Partido del Trabajo (PT), se pronunció en contra de abrir el sector a la inversión privada.

En el proyecto, la ministra menciona que «el Estado Mexicano debe velar por el desarrollo nacional integral y de manera sustentable, fortaleciendo la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo, y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de las personas, grupos y clases sociales». También, menciona que la LIE no trasgrede los tratados comerciales internacionales.