El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) emitió un comunicado en el que señala que “el Acuerdo por el que se emite la Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional”, publicado el pasado viernes 15 de mayo en el Diario Oficial de la Federación, es una violación flagrante al marco constitucional y legal mexicano, ya que, a través de este instrumento, La Secretaría de energía (Sener) usurpa facultades para incidir ilegítimamente en las reglas del sector y en las condiciones de competencia”.
De acuerdo con el organismo empresarial, dicho acuerdo se publicó sin respetar procesos legales y normativos, lo cual representa un ataque frontal a la certeza jurídica de las inversiones en México, causando graves consecuencias para el país como la pérdida de empleos, de confianza de inversionistas, y afectaciones para los proyectos eléctricos de todas tecnologías en al menos 18 estados de la República, que representan inversiones por más de 30 mil millones de dólares.
“La medida, que ha entrado en vigor a pesar de numerosas protestas y argumentos de expertos, autoridades, representaciones diplomáticas y participantes de la industria, atropella los derechos de todos los participantes en el sector eléctrico nacional, discrimina a las energías renovables y faculta a las autoridades para encarecer artificialmente la generación de electricidad en el país para desplazar arbitrariamente cualquier proyecto de generación del sector privado”, destaca la misiva.
Ante este panorama, el CCE hizo un llamado a la Secretaría de Gobernación y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para investigar y esclarecer las circunstancias irregulares en las que se publicó el acuerdo, a revocarlo de forma inmediata y a detener esta destructiva campaña de arbitrariedad y manipulación informativa de la Secretaría de Energía.
“El sector privado –incluyendo generadores, comercializadores y consumidores de energía– agotaremos los recursos jurídicos que ofrece el orden constitucional mexicano, así como los acuerdos comerciales e instrumentos internacionales en vigor, para salvaguardar la integridad del Estado de Derecho en México y defender al sector energético mexicano como motor de desarrollo del país”, concluye el documento.
