El Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Juan Pablo Gómez Fierro, aceptó el amparo presentado por Greenpeace México y ordenó suspender de manera provisional la aplicación del Acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y de la Política de la Secretaría de Energía (Sener) en materia de generación de energía eléctrica, emitidos el 29 de abril y el 15 de mayo pasados, respectivamente.

“Esto es una victoria ciudadana en términos de la protección al derecho humano a un ambiente sano, a la protección a la salud, a la participación en asuntos medioambientales y a la legalidad, principal interés que perseguimos en Greenpeace México”, señaló la ONG en un comunicado.

Con este amparo, el cual se realizó en estrategia conjunta con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), se busca defender los derechos de la ciudadanía, mas no los intereses de las empresas.

De acuerdo con Greenpeace, el principal interés es que prevalezca la legalidad y por ello pidió investigar y corregir cualquier irregularidad que haya en las concesiones o en las subastas otorgadas en el pasado, incluyendo, en su caso, el castigo a los funcionarios públicos y personas privadas que hayan incurrido en presuntas violaciones administrativas o penales.

Exhortó a que se abra un espacio de diálogo con la actual administración, en la que participen la sociedad civil, las comunidades y empresas para definir el rol y la forma con la que deben jugar las energías renovables; un modelo que sea socialmente justo y con respeto a los derechos humanos.

“Para nosotros y para CEMDA es muy importante resaltar que nuestra oposición a los instrumentos de política energética del CENACE y la Sener se debe a que en ellos se olvidó cumplir tres mandatos constitucionales de vital importancia: respetar la sustentabilidad en materia energética; fomentar la utilización de energías renovables; y asegurar la disminución de las emisiones contaminantes en la industria eléctrica, siempre pensando en la ciudadanía y en acelerar la transición energética para disminuir los efectos del Cambio Climático”, precisó.

El comunicado concluye afirmando que: “Es necesario garantizar un camino franco y abierto a la transición energética para hacer frente al cambio climático y para ello es importante mencionar que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a cumplir con la suspensión provisional otorgada, lo que significa que deberán abstenerse de seguir los lineamiento que se establecieron en el Acuerdo y Política antes mencionadas, las cuales bloquean la implementación y desarrollo de energías renovables, obligando a los sectores productivos y al de servicios a depender de los combustibles fósiles que hoy por hoy predominan en el portafolio de tecnologías de la Comisión Federal de Electricidad”.