Diputadas y diputados se reúnen con especialistas y empresarios a fin de conocer sus puntos de vista respecto a la “Transición energética soberana y litio como área estratégica”, durante el foro 16 del Parlamento Abierto respecto a la iniciativa de reforma eléctrica enviada por el Ejecutivo Federal.

José Medina Mora Icaza, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), señaló que en lugar de hablar a favor o en contra de la reforma eléctrica se hable de lo que requiere México. Para ello, apuntó, desde el sector empresarial se pone como objetivo que haya luz para todos los mexicanos con precios accesibles, sin apagones y competitividad de precios, lo que generará inversión y los empleos que requiere nuestro país, además de que se debe fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que sea una empresa rentable.

Agregó que se requiere transitar hacia energías limpias y cumplir los acuerdos de París, así como lo establecido en el T-MEC y el compromiso con las nuevas generaciones para no dejar un país contaminado, garantizar el respeto al Estado de derecho, que haya reglas claras para inversiones privadas y que sea un complemento a la de la CFE. Propuso que en el aspecto del litio sea una ley separada. “Es momento de hacer ajustes a los contratos, pagar por la disponibilidad y la diferencial de precios”.

El presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), José Guillermo Zozaya Délano, se dijo en contra de la reforma propuesta por el Ejecutivo ya que traerá efectos negativos a la planta productiva que representa y sería un obstáculo para el cumplimiento de los compromisos internacionales suscritos por México en materia de descarbonización.

Destacó que la industria automotriz lucha contra el cambio climático, desde la reducción de emisiones de gas de efecto invernadero, al producir autos híbridos y eléctricos y la neutralidad del carbono en el proceso de los vehículos y sus componentes. En cuanto al litio, expresó que la reforma, como es presentada, prevé no otorgar concesiones, lo cual impactará en el comercio y precio de este producto.

El director general del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), Raúl Eric Talán Ramírez, planteó que la transición energética debe dejarse de considerar como un apéndice de la Reforma Energética para dotarla de su propia ruta y objetivos, “no puede ser un caballo de Troya al servicio de los intereses de los grandes inversionistas trasnacionales de la industria eléctrica”.

Apuntó que las energías renovables no son la única opción para crear una sociedad más baja en carbono, existen otras opciones más económicas, con un beneficio social y más respetuosas de la soberanía nacional, entre ellas la eficiencia energética y la generación distribuida.

El senador Alejandro Armenta Mier (Morena) aseguró que el litio se ha subestimado y no se le ha dado la trascendencia acorde, ya que se podría hablar de un hecho histórico como en su momento fueron los hidrocarburos, pues por sus características y composición tiene usos en diferentes industrias y para el desarrollo de los sectores primario, secundario y terciario. “Se debe entrar a este mercado que ya es dominado actualmente por China y que no seamos solo un país de materias primas”.

Destacó que las 31 concesiones actuales de mineras del litio están en manos de inversión extranjera y ninguna en manos nacionales, por lo que aseguró que “la ley está hecha para el saqueo de nuestro país y por eso extranjeros hacen negocio y México solo se queda mirando”. Puntualizó que los metales, elementos y tierras raras son la llave de acceso entre las energías fósiles y las limpias.

Jorge Young, presidente en Cluster Metropolitano de Energía, indicó que México es el país más contaminante de América Latina considerando su área territorial. De acuerdo con las Naciones Unidas el 71 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero en México provienen de la generación eléctrica y el transporte y esta contaminación causa alrededor de 9 millones de muertes al año solo en nuestro país; este número ha crecido desde que la CFE tomó la decisión de quemar combustóleo en varias de sus centrales en vez de generar con gas que es menos contaminante.

“Los mexicanos queremos que bajen las tarifas eléctricas, que el suministro eléctrico sea confiable, que se detenga la generación con combustóleo y se reduzca la contaminación generada por las plantas contaminantes que causan enfermedades. Necesitamos que se construyan más centrales fotoeléctricas y eólicas y se retiren las obsoletas y contaminantes para cumplir la meta de generar 35 por ciento de energía limpia para el 2024”, agregó. 

Alberto Montoya, actual comisionado nacional de Mejora Regulatoria del Gobierno de México, dijo que la transición energética del mundo es imperativa, la actividad humana en los últimos dos siglos ha aumentado de manera exponencial la temperatura de la tierra, si no se detiene ya con muy bajas emisiones en dos décadas será imposible detener el aumento a dos grados centígrados.

Señaló que la electricidad es la base de toda actividad humana moderna; México no acepta ni necesita ningún tutelaje extranjero, el Estado a través de la CFE debe llevar a cabo la transición energética como un servicio público sin fines de lucro. “La iniciativa planifica la transición con reducciones de emisiones y garantiza autosuficiencia con crecimientos que tendrán que ser exponenciales al 12 por ciento”.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Rubén Moreira Valdez (PRI), pidió conocer cómo se estima el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de cambio climático, cuánta energía se produce con combustóleo y si los generadores de energía particulares es toda limpia o hay sucia, además si se puede modernizar a la CFE si en el servicio que presta subsidia a otros, y si se cobra un bono o castigo por parte de la Comisión, y si entre particulares se prestan o venden servicios en algún momento difícil del día.

La presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Karen Castrejón Trujillo (PVEM), mencionó que esta reforma constitucional es un mecanismo de defensa de los derechos humanos, como es el derecho al medio ambiente o el derecho a la salud. Por ello, solicitó detallar cuáles son las razones para considerar progresivo o regresivo en términos de derecho humano y un ambiente sano, una propuesta que eleve a rango constitucional la transición energética y establecer el mandato de reducir las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero.