El pasado viernes 1 de octubre el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a los artículos 25, 27 y 29 de la Constitución, con el objetivo de crear un nuevo sistema eléctrico en el cual el Estado recupere la conducción a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para convertirla en organismo responsable de su planeación y control, autónomo en el ejercicio de sus funciones y administración.
Para ser aprobado, la iniciativa requiere de la aprobación del 50 por ciento de los legisladores más uno, para posteriormente también ser avalada por la Cámara de Senadores.
Ante esta propuesta presentada por el Ejecutivo, el Consejo Coordinador Empresarial emitio un comunicado en el cual advierte que la iniciativa de reforma constitucional al sector energético presentada por el gobierno federal lastima profundamente al país, tanto en materia ambiental como en materia económica. La aprobación de esta iniciativa marcaría un punto de no retorno, generando daños irreversibles al Estado de Derecho, al medio ambiente, a las finanzas públicas y a la competitividad del país.
“Esta iniciativa obliga a todos los mexicanos a adquirir energía de la CFE, sin importar lo sucia, cara e ineficiente que sea. Como tal, no sólo permitiría que plantas obsoletas y contaminantes (que utilizan diésel, combustóleo y carbón) incrementen su participación de mercado sin tener que competir ni en costos ni en nivel de emisiones, sino que aumentaría inevitablemente las emisiones contaminantes, los costos de generación y la necesidad de subsidios para mantener las tarifas constantes”, se lee en el documento.
Asimismo, los empresarios manifiestan que la imposición de esta reforma implicaría que las plantas más modernas, limpias y eficientes del sector privado dejen de operar, violando los tratados internacionales de los que México forma parte, contradiciendo los mandatos del poder judicial mexicano y violando el principio fundamental de la Constitución de la no retroactividad de las leyes. Estos efectos retroactivos, que desconocen al Estado de Derecho, consumarían una expropiación de facto de decenas de miles de millones de dólares de inversión privada competitiva en el país, poniendo en grave riesgo la credibilidad de nuestro país como socio comercial y dejándolo expuesto al reclamo de indemnizaciones bajo diversos mecanismos legales, incluyendo arbitrajes internacionales.
De acuerdo con el comunicado, para el sector privado es fundamental mantener una industria eléctrica fuerte, sana y competitiva, generadora de empleos y crecimiento, así como una actitud abierta a la negociación y a escuchar las demandas que permitan a la CFE ser una paraestatal que beneficie a todas y todos los mexicanos, por lo que el sector privado ha contribuido significativamente a ampliar la capacidad de generación limpia y de bajo costo para el país.
“La CFE no ha desarrollado centrales de generación usando energías renovables de bajo costo. Por lo tanto, no ha contribuido ni contribuirá a reducir los costos de generación ni las emisiones contaminantes. La CFE tampoco ha podido ampliar ni modernizar sustantivamente la red eléctrica. Esto ha provocado apagones que afectan tanto la seguridad energética como la economía nacional, y ninguno de sus planes anunciados permite resolver estas carencias. La iniciativa no plantea ningún remedio a estas carencias de la CFE. La reforma propuesta hará todavía más difícil la inversión en la red de transmisión al concentrar los recursos de la CFE en generación”, destaca la cúpula empresarial del país.
Por último, el CCE afirma que: “bloquear la participación del sector privado en la generación eléctrica impide que el país avance en solucionar estos problemas críticos. De aprobarse la reforma planteada por el gobierno federal, México no podrá cumplir con sus metas de reducción de emisiones frente al cambio climático, ante lo que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha declarado como una crisis climática. Además, “condena a la CFE de manera irremediable a perder montos crecientes de recursos y a depender de crecientes subsidios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para subsistir, con lo que se vulnera el objetivo del Presidente López Obrador de no incrementar los niveles de endeudamiento ni poner en riesgo las finanzas públicas”.
