La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre el desmantelamiento de infraestructura ilegal para la extracción de combustible, tras localizar dos tomas clandestinas en el municipio de Tala, Jalisco. El operativo se realizó en coordinación con personal de Seguridad Física de Pemex y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), como parte de las acciones permanentes de vigilancia en la red de ductos.
Las perforaciones ilegales fueron ubicadas en el kilómetro 282+976 del poliducto Salamanca–Guadalajara, dentro del tramo Castillo–Zapopan, considerado estratégico por su conectividad y capacidad de transporte de hidrocarburos hacia la zona metropolitana de Guadalajara. La intervención permitió asegurar el sitio y abrir una carpeta de investigación conforme a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos.
La FGR precisó que, aunque no se reportaron personas detenidas durante la operación, se continuará con las indagatorias para identificar a los responsables. El objetivo es desarticular las cadenas logísticas del huachicol, un delito que afecta directamente la economía nacional y representa riesgos para la seguridad de las comunidades cercanas a los ductos.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante el primer semestre de 2024 Jalisco registró un incremento de 14.86% en la detección de tomas clandestinas, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esta tendencia refleja el crecimiento de la problemática en la entidad, que se ha convertido en un punto crítico para el combate al robo de hidrocarburos.
En el acumulado anual, Jalisco contabilizó mil 895 perforaciones ilegales en ductos de gasolina, cifra que lo colocó como el segundo estado con mayor incidencia a nivel nacional, solo por debajo de Hidalgo. La magnitud del fenómeno evidencia la necesidad de reforzar las acciones de vigilancia y coordinación interinstitucional para reducir el impacto de este delito.
La FGR reiteró que mantendrá operativos en conjunto con Pemex y la Sedena para garantizar la seguridad en la red de ductos y proteger el suministro energético. Con estas acciones, la institución busca disminuir el impacto económico y social del huachicol, un problema que continúa siendo uno de los principales retos en materia de seguridad y energía en México.
