El buque petrolero Torm Agnes descargó 120,000 barriles de diésel en el puerto de Ensenada el 8 de marzo, pese a que el recinto carece de infraestructura para manejar hidrocarburos inflamables. La operación se realizó mediante mangueras conectadas directamente a camiones cisterna.
Según una investigación de Reuters, la maniobra fue ejecutada con precisión por un equipo que trabajó sin interrupciones, incluso durante la noche. El combustible fue adquirido en Canadá por la empresa texana Ikon Midstream, que lo declaró como lubricante en aduanas.
Autoridades mexicanas señalaron que el destinatario final era una fachada de uno de los cárteles más violentos del país. Ni la empresa ni su director ejecutivo respondieron a las solicitudes de comentarios. Su abogado pidió a Reuters cesar el contacto: “¡Nadie hablará con su reportero!”.
El caso forma parte del llamado huachicol fiscal, un esquema en el que el contrabando se disfraza de importaciones legales. Cinco fuentes gubernamentales indicaron que hasta un tercio del mercado mexicano de gasolina y diésel proviene de operaciones ilícitas.
Reuters estimó que el valor del combustible ilegal que ingresa a México supera los 20,000 millones de dólares anuales. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó este tráfico como la principal fuente de ingresos no relacionados con drogas para los cárteles mexicanos.
La Secretaría de Marina anunció una investigación interna. “No toleraremos la corrupción bajo ninguna circunstancia”, declaró el almirante Raymundo Morales. En EU, legisladores buscan endurecer regulaciones, mientras funcionarios advierten sobre una nueva “flota oscura” de buques cisterna.
