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Cofece multa con 3.4 mdp por manipular precios del diésel marino

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) impone sanciones por un total de 3 millones 417,895 pesos a Combustibles Puerto de Abrigo Dzilam de Bravo y a tres personas físicas por manipular el precio de venta del diésel marino en Dzilam de Bravo, Yucatán. Esta decisión se basa en el expediente DE-029-2019, el cual identifica prácticas monopólicas absolutas, es decir, acuerdos entre competidores para manipular la oferta y los precios en el mercado específico.

El diésel marino, utilizado principalmente en barcos y otras embarcaciones, se vende en estaciones de servicio cercanas a la costa o desembocaduras de ríos. Este combustible es crucial para el transporte de mercancías tanto nacionales como internacionales y también tiene importancia para el turismo en las zonas costeras.

Las partes sancionadas tienen el derecho de acudir al Poder Judicial de la Federación para solicitar una revisión de la legalidad de la actuación de la Cofece. Este caso no es aislado, ya que recientemente, el 16 de mayo, la Cofece impuso multas por 58 millones de pesos a seis empresas que venden gasolina y diésel por no notificar dos concentraciones, siendo estas las primeras multas por tal omisión en la historia de la Comisión.

Según la Cofece, la empresa Servicios Gasolineros de México (Segamex) realizó dos adquisiciones en 2015 y 2017 que superaron los umbrales establecidos en la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) y debieron haber sido notificadas. En 2015, Segamex adquirió el control de 14 estaciones de servicio del Grupo de Interés Económico (GIE), y en 2017, adquirió el control de dos estaciones adicionales del mismo grupo. Estas transacciones no notificadas plantearon riesgos para los consumidores, según el análisis de la Cofece.

La Ley Federal de Competencia Económica establece que dichas transacciones deben ser notificadas para su evaluación y así prevenir posibles riesgos al mercado y a los consumidores. La Cofece continúa vigilando y sancionando prácticas que contravengan esta ley para asegurar la competencia justa en los mercados.

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