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CNE impone sanciones por 450 mdp y revoca 35 permisos

La Comisión Nacional de Energía (CNE) impuso sanciones por casi 450 millones de pesos a empresas de los sectores hidrocarburos y eléctrico, además de cancelar 35 permisos por incumplimientos normativos. El organismo, que sustituyó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), ha intensificado su vigilancia sobre el cumplimiento técnico y administrativo en ambos sectores.

En el caso de hidrocarburos, 56 empresas fueron sancionadas por no acreditar la calidad de los petrolíferos comercializados y por omitir documentación relacionada con la marca del combustible. Las multas ascienden a 307 millones de pesos, lo que representa el mayor monto entre los sectores evaluados.

En el ámbito eléctrico, 31 compañías recibieron sanciones por no realizar el pago de derechos, no iniciar operaciones en los plazos establecidos y por omitir estimaciones de demanda. El monto total aplicado en este sector fue de 140 millones de pesos.

La CNE también revocó 25 permisos de generación eléctrica, de los cuales 22 corresponden a proyectos solares con una capacidad conjunta de 1,372 megawatts. De estos, 15 permisos pertenecían a empresas extranjeras como RP Invest GMBHresa, Mitsui y Aldesa. En el sector de hidrocarburos, se cancelaron 10 permisos, nueve de ellos vinculados a Almacenes Distribuidores de la Frontera, con sede en Tijuana.

De acuerdo con la directora de la consultora Grupo CIITA, Beatriz Marcelino, el enfoque de la autoridad responde a una lógica recaudatoria. “Estamos viendo que es una administración recaudatoria y se recaudará con sanciones a los empresarios, no sólo en el sector de hidrocarburos, sino en todos”, advirtió. También señaló que la CNE está cruzando información con el SAT y la ASEA, además de utilizar inteligencia artificial para detectar incumplimientos en reportes regulatorios.

La estrategia de fiscalización marca un giro en la política energética, con énfasis en el cumplimiento documental y operativo. La revocación de permisos, especialmente en generación solar, plantea interrogantes sobre el ritmo de desarrollo de proyectos renovables en el país y el impacto que estas medidas podrían tener en la inversión privada y extranjera.

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