El Gobierno de México informó que ya son siete embarcaciones revisadas por el presunto derrame ilícito de combustibles en el Golfo de México, hecho que provocó daños ambientales en costas y zonas marítimas. En total, se identificaron 13 buques como probables responsables, de los cuales seis aún esperan inspección con apoyo de la comunidad marítima internacional.

La Secretaría de Energía detalló que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) mantiene acciones de supervisión y verificación, además de integrar una investigación para determinar el origen del derrame y proceder conforme a derecho. “La ASEA ya presentó el 27 de marzo una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la posible comisión de delitos ambientales”, señaló la dependencia.

De acuerdo con el Código Penal Federal, las sanciones por el manejo ilícito de sustancias peligrosas con daño al ambiente podrían ir de 1 a 9 años de prisión, además de multas de 300 a 3 mil días y la obligación de reparar el daño ambiental. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), por su parte, da seguimiento a reportes ciudadanos y coordina la atención de ejemplares de fauna silvestre afectada.

El gobierno federal reiteró que Pemex quedó absuelto de responsabilidad en este caso, al considerar tres posibles orígenes: un derrame ilícito de un barco aún no definido y emanaciones naturales de chapopoteras en Coatzacoalcos y en la sonda de Campeche, dentro del complejo de Cantarell.

En cuanto a la recolección, el corte del 30 de marzo reporta 42 toneladas recolectadas en playas en un día y 785 acumuladas, además de 0.6 toneladas en el mar en un día y 40.6 acumuladas. Se han atendido 630.9 km de playa y se registran 8 casos de fauna afectada. En la zona de Cantarell se instalaron barreras de contención, se aplicó dispersión mecánica y se desplegaron seis embarcaciones y un dron submarino para verificar la integridad de los ductos Akal C y Akal H.