Más de 750 mil litros de diésel fueron asegurados en Ensenada, Baja California durante un operativo conjunto contra el robo y tráfico ilegal de combustibles. El decomiso fue confirmado por el Gabinete de Seguridad federal y la Fiscalía General de la República (FGR). Se trata de uno de los más grandes registrados en el estado.
Los cateos se realizaron en dos inmuebles ubicados en la zona centro de Ensenada. Ambos funcionaban como centros de almacenamiento y oficinas de las empresas Rudametkin y SAHISA. En total, se localizaron 753,012 litros de diésel y 11 tanques contenedores de distintas capacidades.
El combustible estaba almacenado en contenedores metálicos y plásticos de gran volumen, según fuentes cercanas a la investigación. Las diligencias derivaron de labores de inteligencia orientadas a desmantelar redes vinculadas al huachicol marítimo, una modalidad que ha crecido en el litoral del Pacífico mexicano.
El operativo fue ejecutado por elementos de la FGR, la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con apoyo de autoridades locales. El combustible y los tanques fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará su origen y las responsabilidades legales correspondientes.
Hasta el momento, no hay personas detenidas. Sin embargo, los representantes legales de las empresas involucradas están bajo investigación. Ambas compañías están relacionadas con familias de larga trayectoria en el sector gasolinero de Ensenada.
La FGR abrió una carpeta de investigación por delitos en materia de hidrocarburos. La ley contempla penas de hasta 30 años de prisión por almacenamiento o comercialización de combustibles de origen ilícito.
El diésel decomisado permanece bajo resguardo de la Fiscalía. Peritos especializados analizan su composición para determinar si fue extraído de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) o importado sin cumplir requisitos legales.
Las autoridades informaron que en los próximos días se realizarán nuevos cateos y revisiones administrativas en empresas del sector energético de Baja California. El objetivo es identificar redes de distribución y financiamiento vinculadas al robo de combustibles.
