El gobierno argentino presentó una apelación formal ante la Corte del Segundo Circuito de Nueva York para frenar la ejecución del fallo que lo obliga a transferir el 51% de las acciones de YPF a los fondos demandantes. La medida responde a la sentencia emitida por la jueza Loretta Preska, que ordena el cumplimiento parcial de una condena por 16,100 millones de dólares relacionada con la expropiación de la petrolera en 2012.

En su presentación, Argentina argumentó que el caso no constituye una disputa comercial ordinaria, sino una situación “excepcional y sin precedentes”, que podría generar un daño irreparable al país. El Estado sostiene que cumplir con la orden judicial implicaría violar la legislación nacional, específicamente la Ley 26,741, que impide la transferencia de acciones expropiadas sin autorización del Congreso.

Además, el gobierno subrayó que los demandantes no sufrirían perjuicios concretos si se suspende la ejecución, ya que la normativa argentina impide cualquier operación sobre las acciones sin intervención legislativa. También advirtió que la transferencia forzosa podría activar cláusulas contractuales adversas para YPF y afectar a terceros vinculados a la empresa.

Mientras se espera la resolución sobre el pedido de suspensión, la jueza Preska convocó a las partes a una audiencia judicial el próximo 15 de julio, con el objetivo de destrabar el conflicto. En paralelo, los demandantes buscan ampliar el alcance del fallo mediante el argumento de “alter ego”, que plantea que el Estado argentino y YPF actúan como una sola entidad.

La defensa argentina insiste en que la ejecución inmediata del fallo vulneraría la soberanía nacional y sentaría un precedente sobre la ejecución de bienes públicos de Estados extranjeros en territorio estadounidense. El gobierno reafirmó que continuará su estrategia judicial en todas las instancias necesarias para proteger sus activos estratégicos.