La Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi) llamó a garantizar certidumbre legal y regulatoria como condición indispensable para que México mantenga su competitividad energética y pueda atraer inversión productiva de largo plazo, en el marco de la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) prevista para 2026.

En un comunicado, el organismo que agrupa a más de 20 empresas de extracción de hidrocarburos en el país subrayó que la estabilidad institucional será determinante para fomentar la llegada de empresas con tecnología de punta, innovación y capital comprometido con los objetivos nacionales de soberanía energética, transición justa y crecimiento económico sostenible.

“La competitividad del país depende de su capacidad para fomentar la inversión productiva a largo plazo”, señaló Amexhi, al destacar que el entorno regulatorio debe ser predecible, transparente y alineado con las mejores prácticas internacionales, en coordinación con las autoridades competentes.

Entre las propuestas que la asociación impulsará en el proceso de revisión del T-MEC destacan la consolidación de autoridades regulatorias imparciales, el trato no discriminatorio hacia empresas extranjeras con operaciones en México y la creación de mecanismos eficaces de resolución de controversias. Estas medidas, indicó, permitirían reducir riesgos, fortalecer la confianza de los inversionistas y facilitar la cooperación energética regional.

Amexhi también planteó la necesidad de promover la comercialización regional de energéticos, mediante esquemas que aseguren el libre flujo de productos entre México, Estados Unidos y Canadá, con condiciones arancelarias y no arancelarias que incentiven la competencia justa y el abasto eficiente.

La asociación reconoció las mesas de diálogo convocadas por la Secretaría de Economía y la Secretaría de Energía, en las que se han presentado propuestas para fortalecer la integración energética de América del Norte. Subrayó que todas las iniciativas se formulan con respeto al principio de soberanía sobre los recursos naturales, conforme al Capítulo 8 del T-MEC y a la Constitución mexicana.