El Gobierno de Baja California confirmó la nulidad definitiva del contrato firmado con Next Energy y Banca Afirme, relacionado con el proyecto de una planta fotovoltaica promovida durante la administración de Jaime Bonilla Valdez. La resolución judicial se suma a una serie de acciones legales que permitieron la recuperación de 172 millones de pesos al erario estatal.

Durante una conferencia en Ensenada, el consejero jurídico Juan José Pon Méndez calificó el fallo como “otro gran logro” para las finanzas públicas. “Durante tres años nos dedicamos a recabar pruebas, fortalecer acciones legales, y hoy puedo afirmar con certeza que contamos con un caso sólido”, señaló. El monto restituido incluye los 123 millones de pesos retenidos desde 2022, más los rendimientos acumulados hasta julio de 2025.

La devolución de recursos se concretó tras la detención de Nabor Medina Garza, directivo de Banca Afirme, y la firma de un acuerdo reparatorio. Aunque el funcionario fue liberado, el caso sigue abierto. La Fiscalía mantiene procesos contra otros implicados, entre ellos varios exfuncionarios de la gestión anterior.

El proyecto energético fue cancelado en 2022 por la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda, ante la falta de permisos federales y viabilidad técnica. El contrato original contemplaba un fideicomiso respaldado con participaciones federales, destinado a financiar la obra en Mexicali. La planta pretendía abastecer de energía al sistema de bombeo del Río Colorado.

La investigación continúa bajo la conducción de la Fiscalía General del Estado y la Consejería Jurídica, con el objetivo de deslindar responsabilidades administrativas y penales. El gobierno estatal ha reiterado que la protección del patrimonio público sigue siendo una prioridad, mientras se avanza en el cierre legal del caso Next Energy.