La extinción de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), ocurrida el pasado 19 de marzo tras la publicación del paquete de reformas energéticas impulsadas por la actual administración, dejó pendientes 775 juicios que involucran más de 24 mil millones de pesos en multas, sanciones y controversias promovidas por empresas del sector energético.

Entre los casos más relevantes figura el amparo interpuesto por Iberdrola para impugnar una multa de 9 mil 145 millones de pesos, cuya ejecución está suspendida. La resolución de este proceso dependía de una sentencia de la CRE, organismo que ya no existe.

Otro caso destacado es el de Stellantis —matriz de Chrysler, Fiat y Peugeot—, que promovió un amparo contra una resolución de diciembre de 2024 que excluye sus plantas de un permiso de autoabastecimiento eléctrico. También se encuentra pendiente un juicio promovido por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y otras organizaciones, contra un acuerdo de 2023 que clasifica como “limpia” la energía generada con gas natural.

Empresas de gas LP también aguardan la resolución de amparos relacionados con el tope de precios de venta en bodegas y estaciones de servicio. Según estimaciones, esta medida representa un impacto económico anual de 5 mil 989 millones de pesos, equivalente al 18% de las ventas totales del sector.

Asimismo, existen procesos sin resolver por cancelaciones de permisos —algunos por presunta falta de uso— en almacenamiento de hidrocarburos, así como negativas o modificaciones a permisos de generación eléctrica, en particular de proyectos eólicos y solares.

Entre los casos destacados figura también la impugnación presentada por Esentia Energy contra una resolución emitida en marzo de 2024, que establecía condiciones para operar la red privada de ductos de gas natural más extensa del país, con una longitud de 2 mil 17 kilómetros.

Desde la extinción de la CRE, actuarios de juzgados y tribunales federales han acudido a su sede en Periférico Sur, sin recibir respuesta, debido a que el organismo dejó de operar formalmente.

La reforma establece un periodo de 90 días durante el cual los juicios permanecerán congelados, en espera de que los expedientes sean transferidos a la nueva Comisión Nacional de Energía (CNE), la cual deberá contar con un director designado por la presidenta Claudia Sheinbaum a más tardar el 19 de abril. Esta designación no requerirá ratificación por parte del Senado.

Cabe recordar que junto con la CRE, también fue extinguida la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), aunque esta última acumuló un número considerablemente menor de amparos durante sus 11 años de operación.