La imposición de un arancel del 30% por parte de Estados Unidos a las importaciones de gas natural, butano y propano a partir del 1° de agosto de 2025 plantea riesgos inmediatos para el mercado energético mexicano. México depende en más de 74% del gas natural proveniente de EU, y el butano y el propano son básicos para producir gas LP.
El nuevo gravamen podría provocar aumentos en los precios del energético, con impactos directos sobre la inflación energética, el consumo doméstico y la actividad industrial. Tan solo en 2024, el gas LP ya había registrado un alza de 13.7%, afectando a miles de hogares.
Aunque inicialmente el arancel estaba dirigido a la Unión Europea, el presidente Donald Trump decidió extenderlo a México, lo que ha reactivado tensiones comerciales en la región y generado incertidumbre sobre el futuro de las cadenas energéticas integradas.
Sin embargo, una respuesta recíproca por parte de México no resolvería el desequilibrio. Con una infraestructura limitada para almacenamiento y transporte, los costos podrían escalar sin beneficios tangibles. En paralelo, más de 70 millones de personas en América Latina aún dependen de la leña como fuente primaria de energía, lo que refuerza la dimensión social del acceso al gas.
Entre las medidas propuestas se encuentran: evitar represalias comerciales, fortalecer la infraestructura energética, aplicar subsidios focalizados para hogares vulnerables y revisar los esquemas de control de precios que limitan la inversión en el sector.
