Por José Carlos Femat Romero
(@jose_femat)
La industria de distribución de Gas LP es una de las más importantes para la vida económica y social del país, pues se estima que cuatro de cada cinco familias utilizan este energético, lo que lo convierte en uno de los más utilizados en la vida diaria de la población y, por ende, su distribución se convierte en uno de los sectores con más impacto en las familias mexicanas. De ahí la importancia de que las autoridades permitan y fomenten el sano desarrollo de esta industria.
A lo largo de 60 años, esta industria ha vivido diferentes etapas que la han llevado a ser un mercado maduro, competitivo y que opera con los estándares más altos en materia de seguridad. Actualmente cuenta con más de 400 empresas cien por ciento mexicanas, comprometidas para hacer llegar el producto a todos los hogares del país con prontitud y rectitud a través de más de un millón de servicios y operaciones diarias.
La población requiere de seguridad energética, porque sus actividades cotidianas y sus necesidades energéticas son cubiertas por medio del uso de este combustible. De una correcta operación del mercado dependen millones de hogares mexicanos ya que, por su realidad socioeconómica y por la flexibilidad de este combustible, éste es el único al que estos hogares tienen acceso. De acuerdo con varios distribuidores, más o menos con $30.00 o $40.00 pesos que pagan por él, les permite cubrir sus necesidades energéticas una semana, facilidad que no les brinda otro combustible.
Sin embargo, aunque la gran aportación que esta industria le hace al país, ésta se ve limitada o empañada por una cantidad creciente de problemas que le aquejan. Finalmente, esta industria refleja las decisiones que las autoridades han tomado a lo largo de su historia.
En la actualidad, dentro de los principales problemas que afectan a la industria, están, de manera enunciativa pero no limitativa: el creciente mercado de gas de origen ilícito, la sobrerregulación y la incertidumbre jurídica. Si bien algunos de ellos dependen de la relación con las autoridades del ramo, otros están en la esfera de atribuciones de autoridades en materia de seguridad pública.
Para tener una industria a la altura de sus millones de usuarios, es necesario que la autoridad atienda y se acerque a tan importante mercado. Los problemas que aquejan a la industria de distribución deben ser atendidos de manera horizontal y con apoyo decidido de todos los órdenes de gobierno.
El más grave de éstos —el mercado ilícito—debería ser considerado un tema de Seguridad Nacional, por las afectaciones que genera en la industria, en la creación de empleos formales y en la recaudación fiscal. Como tal, atraer la atención de las autoridades federales, de los órganos reguladores y de los encargados de vigilar y controlar el tráfico internacional y local.
Por el dinamismo de este sector, es igual de importante que las autoridades reguladoras (la ASEA, la CRE y la SENER) también tengan y mantengan abiertos los canales a través de reuniones continuas con esta industria para atender sus problemáticas cotidianas.
La población lo merece. Es una imperiosa necesidad que ya genera una deuda histórica con los usuarios finales de este energético.
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