De acuerdo con Miguel Ángel Mateo Simón, socio del despacho internacional de abogados Hogan Lovells, para aprovechar las áreas de oportunidad que se desprenden de la reforma energética de 2013 no es necesario modificar la Constitución Política Mexicana, como pretende el presidente Andrés Manuel López Obrador con la iniciativa de reforma eléctrica, sino que se puede llegar a un consenso con el sector privado para abordar los temas que el Gobierno considere que no se alinean con su política energética, para hacer un análisis del costo-beneficio que esto representa y llegar a acuerdos que sean prácticos y benéficos para el sector.
A decir del abogado, quien asesora a clientes en asuntos corporativos, comerciales y regulatorios con un enfoque particular en la industria energética, lo que se busca con la iniciativa de reforma eléctrica es reorganizar a todo el sector para transitar a otro modelo completamente distinto al aprobado en la reforma de 2013, con el objetivo de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sea el único ente comprador y vendedor de energía eléctrica, asuma algunas de las atribuciones de regulación económica que tiene la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y que el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) se integre de nuevo a sus filas, para convertirse en el eje principal de la política eléctrica en México.
Desde el punto de vista de Miguel Ángel Mateo, lo anterior genera muchas incógnitas y abre escenarios que podrían dejar a México en un peor escenario que el que se tiene en la actualidad, ya que, como está redactada la reforma al día de hoy, inmediatamente después de que entre en vigor, todos los permisos de generación y contratos con el sector privado se tienen que terminar porque no establece un periodo transitorio.
“Podemos llegar al absurdo de decir que la reforma, en la manera en la que está redactada, apagaría todas las plantas de generación al cancelar los permisos. Sin embargo, pensamos que es más probable que no se cuenten con los votos suficientes en el Congreso para aprobarla”, precisó el especialista.
A pesar que, desde la perspectiva de Mateo Simón, es complicado que la reforma eléctrica sea aprobada, la posibilidad de que sí pase está latente y, en caso de que así sea, al existir la cancelación de contratos y permisos, abre la puerta para que los inversionistas extranjeros, acudan a tribunales internacionales para iniciar un procedimiento legal en contra del Estado mexicano en busca de una indemnización por los daños que hayan sufrido por la reforma.
“Desde mi punto de vista, la esencia de la reforma sí incluye algunas disposiciones que podrían interpretarse como violatorias a Tratados internacionales, sin embargo, para exigir una indemnización, no es suficiente con que exista la violación, sino que debe haber un daño. Por tal motivo, ya varias empresas están analizando seriamente la opción de un arbitraje en contra México, además de que muchos inversionistas perderían el interés por desarrollar proyectos en el país, hasta no ver cómo se llevaría a cabo la reorganización del sector eléctrico y las condiciones que ofrecería la CFE”, señaló.
Actualmente, en materia energética, Hogan Lovells asesora principalmente a empresas generadoras, tanto de tecnología renovable como convencional; asesora a suministradores y a un sector muy grande de usuarios calificados que, con la reforma constitucional, están viendo el impacto que van a tener sus estrategias de ahorro de energía.
Por otra parte, ante las distintas acciones que está tomando el Gobierno de México, Miguel Ángel Mateo reveló que algunos clientes de ya han presentado juicios de amparo y nulidad, mientras que otros han pedido asesoría en relación a lo que podrían llegar a hacer en el ámbito de arbitrajes internacionales, bajo acuerdos de protección a inversiones o tratados de libre comercio. Asimismo, asesoran a clientes que buscan áreas de oportunidad e identifican proyectos que pueden ser adquiridos a precios competitivos.
“En el tema eléctrico hay empresas muy interesadas en desarrollar proyectos de generación distribuida; hay otras que tienen interés en proyectos de abasto aislado, que es generación de energía eléctrica en sitio – se conoce como “behind the meter”; y grandes industrias que son consumidores intensivos de energía están buscando arreglos con otros generadores para encontrar una solución de generación in situ que les permita ahorrar costos y ser ambientalmente más amigables”, expresó el socio de la firma de abogados.
Por último, Mateo Simón destacó que por el momento todavía hay interés en el mercado eléctrico mexicano, principalmente en proyectos de abasto aislado o generación local, aunque no en proyectos muy grandes nuevos que sean interconectados a la red por todos los obstáculos que han existido con la CRE y el CENACE en cuanto a obtención de permisos, estudios de interconexión o interconexiones físicas y reiteró que, en caso que no se apruebe la reforma constitucional“seguramente en lo que resta de la presente administración federal se va a seguir presentando una parálisis en proyectos de generación”, concluyó.
