Por Marc Selgas Cors, profesor de EAE Business School

Estados Unidos sigue firme en su deseo de administrar el petróleo venezolano y el tablero energético y el equilibrio de poder en América Latina entra en juego. El cambio de gestión en la que es la mayor reserva de petróleo del mundo impactan al país y la región de muchas maneras.

Desde la perspectiva económica, el control estadounidense implicaría una transformación profunda de la arquitectura energética latinoamericana, algo nada menor. Así lo explica Marc Selgas, profesor de EAE Business School.

«La principal implicación será la reestructuración coercitiva de la arquitectura energética y de dependencia económica regional», explica. «Al administrar el flujo comercial del crudo, Estados Unidos ejercerá un poder de mercado decisivo que derivaría en la desarticulación de instrumentos de política económica regional, la reorientación de los flujos comerciales y logísticos y la consolidación de un precio político».

Los mecanismos de integración energética regional, como Petrocaribe, podrían desaparecer después de tantos años ofreciendo condiciones preferenciales a varios países del Caribe y Centroamérica. Se aumentarían los costos energéticos para esas economías, forzándolas a renegociar su suministro bajo el paraguas de Washington, que posiblemente establezca términos comerciales más estrictos.

La comercialización del crudo venezolano tendería a alinearse con los intereses estratégicos y la infraestructura estadounidense, lo que podría dejar fuera a actores regionales integrados en esas cadenas de suministro, reconfigurando los patrones de comercio intrarregionales.

«El crudo venezolano dejará de ser un instrumento de política exterior antiestadounidense para convertirse en una variable de la política energética y exterior de Washington», apunta Selgas. «La región verá cómo el precio y la disponibilidad de un recurso estratégico vecino son fijados por una potencia externa, lo que reducirá la autonomía de la política económica de los países latinoamericanos».

El impacto sobre los precios del crudo y las finanzas públicas tampoco sería menor. En una primera etapa, la expectativa de una recuperación rápida de la producción venezolana bajo gestión técnica y capital estadounidense podría ejercer presión a la baja sobre los precios internacionales. Para países exportadores como México, esto supondría un golpe directo a los ingresos fiscales.

«Que se dé esa transición de control administrativo sería un proceso político coercitivo. Potencias como Rusia, China e Irán reaccionarían al ver que sus intereses estratégicos están en riesgo y podría alterar sus propias políticas de oferta», advierte el experto. «Se detonaría incertidumbre jurídica y contractual sobre los acuerdos existentes, congelando y complicando el comercio, y el uso del crudo venezolano como herramienta política exterior podría destinarse a otros objetivos».

Todo esto impactaría directamente en los ingresos fiscales regionales, pues ya no dependerían de la oferta y demanda global, sino que quedarían supeditados a Washington. La planificación fiscal también se volvería muy compleja, porque los movimientos de política exterior estadounidense podrían alterar precios y arcas públicas sin previo aviso.

Para economías como la mexicana, esta dinámica implica una doble vulnerabilidad: menor previsibilidad fiscal y mayor dificultad para planificar gasto público, inversión y políticas sociales. Es, a todas luces, un desequilibrio macroeconómico y un punto de riesgo para el desarrollo sostenido de los Estados.