Por Carlos Fredes Garcia de Oneka Chile

En un continente marcado por la abundancia de recursos naturales y la escasez hídrica en zonas clave, América Latina enfrenta un dilema urgente: ¿cómo garantizar agua para la minería sin comprometer los ecosistemas ni las comunidades costeras? La respuesta podría estar en una alianza estratégica entre innovación tecnológica, sostenibilidad energética y una reglamentación que, en cada país, permita impulsar una minería verdaderamente sostenible.

La desalación, otrora vista como una solución costosa y ambientalmente cuestionable, está evolucionando hacia un modelo eficiente, limpio y escalable. Hoy, plantas desaladoras en Chile y Argentina abastecen tanto a faenas mineras como a ciudades costeras, operando incluso con energía solar y eólica. Pero el verdadero salto cualitativo está en la incorporación de energía undimotriz: el movimiento de las olas como fuente renovable para desalar agua sin recurrir a combustibles fósiles ni redes eléctricas convencionales.

Este avance no solo permite reducir la huella de carbono de la minería, sino que también abre la puerta a una nueva lógica de desarrollo costero. Con más de 70.000 kilómetros de litoral en América Latina, el potencial para combinar desalación y energía undimotriz es inmenso. Cada metro cúbico de agua producido con estas tecnologías representa una victoria doble: se evita la extracción de acuíferos vulnerables y se avanza en la descarbonización del sector.

Sin embargo, la innovación tecnológica no basta si no va acompañada de una transformación institucional. La normativa minera —en muchos países aún lenta, fragmentada y poco adaptada a los desafíos climáticos— debe evolucionar hacia un modelo que incentive soluciones sostenibles. Esto implica reconocer el valor estratégico de proyectos que integran desalación limpia, energía undimotriz y resiliencia hídrica para las comunidades.

La sostenibilidad hídrica no puede seguir siendo una promesa postergada. América Latina tiene la tecnología, el conocimiento y el imperativo ético de actuar. Lo que falta es voluntad política y una arquitectura regulatoria que permita que el futuro del agua —y de la minería— sea verdaderamente sostenible.