*Por Carlos Lever Guzmán, decano regional de ciencias sociales en el Tec de Monterrey
¿Existe un escenario a futuro donde México reciba repercusiones de la comunidad internacional por su rol como un país petrolero que no mitiga su impacto ambiental?
Esto hubiera sido impensable en 2019, cuando políticos nativistas como Trump y Bolsonaro seguían en ascenso y antes que la pandemia pusiera el foco sobre los riesgos compartidos por desafíos globales que no respetan fronteras, como el cambio climático.
Aunque no es un riesgo inminente, hacia un horizonte de 10 a 30 años debemos contemplar la posibilidad que México pague costos sustanciales ante la comunidad internacional por su rol indirecto en continuar las emisiones cuando el resto del mundo está volviéndose carbono-neutral. ¿Por qué surge este riesgo para México? Porque el gobierno mexicano ha sacrificado sus compromisos ambientales de manera muy pública para apuntalar una soberanía energética basada exclusivamente en su industria petrolera.
En tiempos recientes, la sentencia en contra de Shell por su rol en el cambio climático junto con las victorias de accionistas ambientalistas en Exxon impulsan de una creciente divergencia entre las grandes petroleras que evolucionan sus actividades y nuestra política nacional que apuesta que la falta de cumplimiento de los compromisos ambientales pase desapercibida.
A contraflujo de las acciones de Shell por reducir su presencia en la refinación, México compró la refinería Deer Park en EE.UU y está construyendo otra en Dos Bocas. Mientras el mundo pacta por eliminar el uso de combustóleo en alta mar, México produce más por utilizar refinerías sin invertir en reconvertirlas para procesar crudo pesado. Cuando esto genera exceso de inventarios, se aprueba una nueva Ley Eléctrica que elimina el requisito de comprar electricidad a las energías renovables más baratas.
La comunidad internacional no aprobó el acuerdo de combustóleo en alta mar con el objetivo de promover su uso en tierra. Se buscaba reducir su efecto en la crisis climática. Nos hemos acostumbrado a ver fotos recientes de las refinerías en México contaminando sustancialmente. Esto facilitará presentar el caso ante públicos internacionales que México no está actuando de manera responsable.
México está además en una posición particularmente vulnerable a la posibilidad de repercusiones de la comunidad internacional. A diferencia de Rusia, somos un país completamente integrado a las cadenas de producción internacional con un entramado extenso de acuerdos internacionales. Es claro la dirección hacia dónde están moviendo los principales consumidores de nuestras exportaciones.
México también juega un rol distinto de los países de Medio Oriente, pues somos un centro de consumo importante. Además, el ejemplo de México pesa sobre todo Latinoamérica, como ya ha sido señalado por el gobierno de Estados Unidos en semanas recientes.
Hay además otro riesgo escondido en la actual política energética nacionalista. Desde hace 15 años se sabe que será casi imposible reponer la caída en la producción en Cantarell sin comenzar la explotación de recursos nuevos en zonas no convencionales y en aguas profundas. Con el cambio de política energética de la administración actual se ha abandonado por completo realizar proyectos en estas zonas y se ha generado incertidumbre sobre si los proyectos previamente licitados podrán ser explotados en pleno.
¿Puede México darse el lujo de esperar 6, 12 o 18 años para re-lanzar estos proyectos tan complejos? Es probable que para cuando lleguemos a ese punto, encontraremos un entorno internacional muy distinto, con países desarrollados menos tolerantes a la expansión de la producción de países que no contribuyen su parte proporcional a los esfuerzos de mitigación y con grandes empresas aversas al riesgo por invertir en proyectos que requieren tantos recursos.
