Por Yolanda Villegas*

El sector energético mexicano se caracteriza por su enorme centralización y los pocos espacios que deja a las entidades federativas para participar en él. Sin embargo, en lo que toca a la movilidad, los estados tienen un área muy importante de acción en el diseño de sistemas de transporte, lo cual está intimamente relacionado con el sector energético. Recordemos que alrededor del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero en México se deben al transporte impulsado por combustibles.

En ese sentido, en la actualidad es imperativo que las nuevas políticas de transporte se diseñen de tal forma que puedan ser consideradas sustentables. Para lograr la máxima eficiencia y reducir las necesidades de desplazamiento, lo más importante es “crear proximidad” más allá de “producir transporte”.

En otras palabras, se busca que sea posible estudiar, comprar, trabajar y recrear cerca del lugar de residencia y qué mejor que los gobiernos estatales que son más cercanos a las necesidades particulares de los ciudadanos puedan participar activamente en el desarrollo de políticas y estrategias que creen proximidad.

Dada la enorme producción de medios de transporte motorizados, las políticas clásicas de movilidad, es decir, aquellas que priorizan la infraestructura para la circulación de automóviles y un tránsito más fluido, son ineficientes, por lo que los esfuerzos deben centrarse en reducir el uso del automóvil, incentivar ciertas formas de movilidad y penalizar otras.

El aumento en el consumo de combustibles fósiles avanza a la par de la urbanización de los países emergentes y son precisamente los servicios de movilidad uno de los principales consumidores de este energético, por lo que se requiere mejorar la eficiencia en el consumo de los recursos para los servicios de transporte.

En este sentido, la movilidad de las ciudades del mundo se orienta cada vez más a incorporar criterios de sostenibilidad para lograr un equilibrio entre las necesidades de movilidad y accesibilidad que permita a los ciudadanos disfrutar de la ciudad, con desplazamientos seguros que ahorren tiempo, dinero y energía, al tiempo que promueve la protección del medio ambiente, la cohesión social y el desarrollo económico.

De esta forma, los planes de movilidad limpia desde los estados en México deben incluir estrategias y medidas para mejorar la eficiencia y la transición a modos de transporte de cero emisiones para las flotas de transporte público. Asimismo, se deben crear programas para reducir el uso del transporte individualizado y apoyar al transporte público y la micromovilidad.

Los cambios normativos, especialmente los generados a nivel local, han ido construyendo la movilidad como un derecho reconocible y exigible en los marcos legales. Este reconocimiento progresivo se centra en la necesidad de un sistema de movilidad de calidad, suficiente y accesible que, en condiciones de igualdad y sostenibilidad, permita la circulación efectiva de todas las personas en un territorio determinado para la satisfacción de sus necesidades y su pleno desarrollo.

El diseño de las políticas públicas en torno a la movilidad debe poder conjugar cuatro aspectos principales para poder considerarse como sustentable: los aspectos ambiental, social, económico y de gobierno, de tal forma que puedan implementarse políticas funcionales, integradas y sostenibles.

Por otro lado, formular una política de movilidad no es suficiente para poder generar un esquema completo de movilidad integrada. Para ello, se requiere generar todo un sistema de implementación que pueda asegurar la efectividad de la política propuesta. De esta forma, las políticas que se diseñen deben ser congruentes con el resto de las políticas públicas de carácter nacional, de entre las que destacan las políticas fiscales, de comercio, laborales e inclusive de salud.

El papel de las administraciones estatales en el impulso de la transición hacia un modelo de movilidad urbana sostenible es básico, ya que son las encargadas de crear los mecanismos y estructuras necesarias para conseguirlo. Sin embargo, el papel de los ciudadanos también es muy importante, ya que el cambio de hábitos de movilidad se basa en el conjunto de decisiones individuales que todos ellos toman a diario.

Tal es el caso de los gobiernos de los estados de Nuevo León, que publicó hace apenas dos años su Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad; y de Tamaulipas, que ha invertido y aplicado estímulos económicos considerables en paquetes de obras de movilidad sustentable. Estas obras incluyen la modernización de la infraestructura urbana, el mejoramiento de las vialidades principales y secundarias, adquisición de nuevos semáforos, y la sincronización de los existentes, construcción de ciclo vías, áreas para discapacitados y un mejor aprovechamiento de espacios públicos, entre otras acciones.

Desarrollar políticas de movilidad con este enfoque de sustentabilidad desde las entidades federativas es posible y los estados en México tienen el potencial de crear próximidad por medio de sus políticas, para mejorar la vida de los ciudadanos, aportar a la sostenibilidad de largo plazo y apoyar la transición energética.

*Dra. en ciencia y tecnología graduada por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. Cuenta con Maestría en Derecho Internacional (MDI) por la Escuela de Graduados en Administración Pública y Políticas Publicas (EGAP) del Tec de Monterrey y Licenciatura en Derecho por parte de dicha Institución.