Por Miriam Grunstein
Hace poco, en una dependencia de cuyo nombre no quisiera acordarme, comenzaba a dar un curso sobre fundamentos de derecho ambiental a sus funcionarios. Había pasado mucho tiempo desde que no visitaba una sede de mi gobierno, por lo que volver a servirle como docente me llenaba de un entusiasmo casi infantil.
Sin embargo, lo que con ilusión comenzaba fue efímero, pues ya pasado 30 minutos de la tercera sesión, frente a todos los asistentes, se les ordenó retirarse del salón pues la sesión se suspendía; y a mí, ya a solas, me informaron que su Director Ejecutivo estaba en extremo molesto por haberme atrevido a comentar que, junto con un grupo de amigos, me había amparado contra el ahora archivado “Acuerdo de Confiabilidad”. Así que ÉL requería mi salida y un cambio de instructor. Sin más, me retiré del edificio con la pena de no haber podido servir a mi país.
Si bien recuerdan, queridos lectores, ese Acuerdo se publicó en lo albores de la pandemia y suspendía la interconexión de las centrales de energías renovables por su temida “intermitencia”. Así, en un arranque de activismo ambiental, unos amigos y yo interpusimos un amparo ante un Juzgado Especializado en Materia de Competencia y Telecomunicaciones, en contra de dicho Acuerdo; y, al cabo de unas semanas, obtuvimos una de las primeras suspensiones definitivas, con carácter general. Es decir, tres amigos fuimos de los primeros en frenar la aplicación de ese Acuerdo para todo México, pero las acciones en su contra se multiplicaron como roedores. En cuestión de semanas, el Acuerdo quedó hecho añicos.
Muy lejos de vanagloriar tal impulso, esa anécdota la mencioné en clase con fines meramente didácticos: el primero, con esa historia pretendí ilustrar que no es necesario demostrar una afectación ambiental directa para tocar la puerta de la justicia; y el segundo, que ésta puede proteger y amparar a todos los que, con argumentos robustos, demuestren que hay un daño general que amerita que un acto de gobierno sea “congelado” para todos. Ahora entiendo por qué esa anécdota motivó que me defenestraran de la dependencia.
En ese momento, no dimensioné el encono de este gobierno al poder judicial que ahora se ve tan claro en la extinción de 13 de sus 14 fideicomisos. Veo ahora con claridad prístina que me echaron de ahí, no por ser yo, sino por haber mencionado, sin dolo alguno, que, como miríadas de particulares y empresas, he sido una “quejosa” ante un juez, entre millones.
Mi pecado mortal fue tan sólo interponer un amparo, lo cual es interpretado por este gobierno como una agresión frontal. Nada podría ser más falso: precisamente se recurre a los jueces como terceros imparciales que dirimen un conflicto cuando el diálogo con sus funcionarios —por cualquier medio lícito—se vuelve imposible.
En lo que al sector energético respecta, se sabe del alud de acciones ante el poder judicial por diversos actos administrativos y legislativos. En muchos casos, los jueces han favorecido a los quejosos; mientras que, en otros, han quedado aún más dolidos con honorarios de despachotes por pagar.
Sin embargo, como abogada, sé muy bien que a nadie le gusta ni le conviene un roce litigioso —ni siquiera a los abogados de litigio que, en la medida que circulan los amparos, se vuelven de dominio público y tienden a abaratarse a precio de machote—. ¿Y a los jueces? Pues la sobrecarga de trabajo les es sumamente onerosa pues, a pesar de que se les acusa de vividores y hedonistas, en realidad muchos soportan presiones de gigapascales y más cuando se trata de conflictos entre empresas muy poderosas y gobiernos, como sucede en el caso de la industria energética.
Debo aclarar que no pretendo hacer una defensa de los jueces, a quienes ni repudio ni venero. Simplemente, en cualquier país donde hay conflictos entre los integrantes de la raza humana, es mejor que los resuelva un juez a que tomemos la justicia por propia mano. Si el gobierno seca la rama judicial, y continúa repartiendo palmos de narices a personas y empresas, las tensiones entre la esfera pública y privada, pueden llevar a una explosión social. Es irracional que, en un país donde tenemos conciencia de que tenemos derechos, estoica y mansamente aceptemos que los atropellen.
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