ExxonMobil y Suncor Energy acudieron a la Suprema Corte de Estados Unidos para intentar frenar una demanda presentada por autoridades de Boulder, Colorado, que busca responsabilizarlas por daños relacionados con el cambio climático y presunta desinformación sobre los riesgos de los combustibles fósiles. El caso podría tener implicaciones para cerca de 60 demandas similares impulsadas por gobiernos estatales y locales.
El principal punto jurídico es determinar si la legislación federal y la Ley del Aire Limpio (Clean Air Act) prevalecen sobre las reclamaciones basadas en leyes estatales. Las empresas sostienen que permitir estos litigios podría generar una regulación indirecta de actividades energéticas que tienen efectos fuera de las jurisdicciones locales, mientras que las autoridades buscan obtener compensaciones para cubrir costos de infraestructura, emergencias y remediación ambiental.
La administración de Donald Trump presentó argumentos favorables a las petroleras, señalando que la normativa federal limita este tipo de demandas locales. El proceso también destaca por la recusación del juez Samuel Alito, quien se apartó del caso debido a la tenencia de acciones en compañías del sector petrolero y gasífero. La resolución de la Suprema Corte podría definir el alcance de futuras demandas climáticas contra la industria de los combustibles fósiles.
