El combate al mercado ilícito de combustibles y la implementación de controles volumétricos persisten como los principales retos para el sector energético y de hidrocarburos en México, afirmó Aldo Vargas, director de desarrollo de Kernotek . Además, subrayó que este mercado sufre tres modalidades: huachicol físico, huachicol fiscal y la alteración del producto, sumado a que estas prácticas han impactado de manera significativa al gobierno y la industria nacional.

Durante el webinar “Tendencias y predicciones para 2026 en el sector de hidrocarburos”, Vargas explicó que el control volumétrico es la herramienta clave para enfrentar estas irregularidades, pues “es el registro de la entrada, la salida y las existencias en un establecimiento”. Aunque en apariencia es un mecanismo sencillo, reconoció que se ha convertido en un proceso complejo por la participación de múltiples instituciones, entre ellas la Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Comisión Nacional de Energía, México (CNE), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente ASEA y la Fiscalía General De La Republica (FGR).

El directivo recordó que este mecanismo tiene antecedentes desde 2004, cuando el gobierno comenzó a implementar medidas contra el robo de hidrocarburos y se introdujo la facturación electrónica. “Desde ese tiempo fue el nacimiento del control volumétrico”, señaló, al mencionar que la reforma energética de 2013, la Ley de Hidrocarburos de 2014 y la entrega de permisos en 2016 marcaron cambios estructurales en el sector.

Control volumétrico y fiscalización

En su intervención, Dr. Luis Eduardo Chavarria Meza, CEO de Kepler Oil & Gas, explicó que el SAT tiene como objetivo combatir el mercado ilícito de combustibles, garantizar una medición confiable y asegurar el correcto pago de contribuciones. “El artículo 28 del Código Fiscal nos establece esta obligación, la obligación de contar con productos volumétricos desde pozos hasta gasolineras”, señaló.

Chavarría detalló que las sanciones más frecuentes recaen en los autoconsumos, que en su mayoría carecen de permisos. “80% de las sanciones que han ido, al momento, es para autoconsumos”, advirtió. También enumeró multas que van desde discrepancias volumétricas hasta penas de prisión en casos de alteración de información. “Por registrar los octanajes diferente al CFDI, la sanción puede ir de 1.1 a 1.6 millones de pesos”, puntualizó.

El directivo agregó que las sanciones incluyen clausuras y multas millonarias por no contar con sistemas de medición calibrados, certificados o reportes volumétricos actualizados. “Por no tener control volumétrico, la multa va de 3.3 a 5.6 millones de pesos”, explicó, al insistir en que los dueños de estaciones de servicio deben revisar retrospectivamente sus reportes para evitar discrepancias que puedan derivar en sanciones.

Perspectivas hacia 2026

En tanto, Fernando Martinez Coss, Socio Director de Digital Signature, destacó la evolución del marco regulatorio y la intensificación de la vigilancia en el sector. Subrayó que la coordinación entre el SAT, la CNE y la ASEA ha otorgado mayores facultades a las autoridades para sancionar irregularidades. “Ya hay acciones en todo el sector, limitaciones y resultados; el SAT está recaudando hasta 200 millones de pesos”, afirmó, al señalar que las medidas de fiscalización comienzan a mostrar efectos concretos en la industria.

El especialista advirtió que las sanciones no sólo se limitan a multas económicas, sino que también incluyen clausuras y penas de prisión. “Instalar cualquier sistema o programa que altere la información puede derivar en tres a ocho años de cárcel”, dijo, al enfatizar que la trazabilidad y la calidad de los combustibles son ahora elementos centrales en la regulación.

Finalmente, Beatriz Marcelino, Directora General de Grupo CIITA, enfatizó la necesidad de que los comercializadores asesoren a sus clientes para regularizarse, especialmente en sectores como minería y agroindustria. “Es responsabilidad de todos, principalmente de los comercializadores, tener esta información para que también sepan cómo asesorar a sus clientes”, señaló.

Marcelino subrayó que validar retrospectivamente los reportes volumétricos y fortalecer los sistemas de gestión de medición es indispensable para evitar sanciones y garantizar transparencia en las operaciones. “Lo que no tengas declarado en el SGM no se puede leer”, afirmó, al destacar que los sistemas deben integrar equipos, instrumentos, personal, software y ciberseguridad para ser efectivos.

La especialista concluyó que el reto hacia 2026 será consolidar sistemas de gestión robustos que permitan prevenir discrepancias y dar certidumbre a las operaciones. “Debes detectar y mitigar las causas raíces que provocan las discrepancias del control volumétrico”, dijo, al insistir en que la capacitación del personal y la integración tecnológica son elementos indispensables para cumplir con las nuevas exigencias regulatorias.