La secretaria de Energía aseguró que 55 proyectos renovables por casi 11,000 MW ya fueron asignados y adelantó que alrededor de 9,000 MW adicionales deberán resolverse en las próximas semanas. El reto será llevar permisos e inversión a obra mientras se refuerzan las redes de transmisión y distribución.
A casi dos años del inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gobierno federal busca mover su política energética desde el rediseño institucional hacia una etapa marcada por la construcción de infraestructura. Esa fue la lectura que trazó la secretaria de Energía, Luz Elena González, al presentar un balance del sector apenas un día después del Segundo Informe de Gobierno y anticipar que durante 2027 el país podría tener cerca de 100 centrales eléctricas simultáneamente en construcción.
La funcionaria utilizó su participación en el II Foro de Inversión en Infraestructura y Energía del Consejo Coordinador Empresarial para ordenar los primeros 23 meses de la administración en dos etapas. La primera estuvo concentrada en modificar el marco constitucional y legal, estableciendo una planeación vinculante. La segunda ha buscado acelerar permisos, acompañar proyectos y abrir mecanismos para que la inversión privada complemente las capacidades del Estado.
“El primer año de gobierno nos abocamos a ordenar, transformar, cambiar sobre todo el diálogo con todos los actores del sector y en hacer una serie de reformas necesarias para poder encauzar este desarrollo energético que necesita el país”, señaló, antes de explicar que “en el segundo año nos dedicamos a simplificar, acompañar; nos convertimos en socios para garantizar los proyectos estratégicos que se requerían en todos los campos del sector”, afirmó.
El mensaje llega en plena temporada de rendición de cuentas del Ejecutivo, donde la presidenta Sheinbaum ubicó nuevamente a la soberanía energética, el fortalecimiento de CFE y Pemex, y la expansión de renovables entre los ejes de su administración.

De los permisos a la obra
La principal novedad del balance presentado por González estuvo precisamente en el tránsito entre los proyectos ya autorizados y su ejecución. La secretaria afirmó que hasta ahora fueron asignados 55 proyectos renovables, divididos entre 17 desarrollos privados y 38 bajo esquemas mixtos con la Comisión Federal de Electricidad.
En conjunto, esos proyectos representan cerca de 11,000 MW de nueva capacidad renovable y una inversión superior a 283 mil millones de pesos, de acuerdo con el balance difundido por la propia Sener con motivo del Segundo Informe. Los proyectos deberán comenzar su etapa constructiva y entrar gradualmente en operación entre 2028 y 2029.
Pero ese volumen todavía no cierra la cartera que el Gobierno busca resolver. “Aún falta por adjudicar cerca de 9,000 MW adicionales y esos los vamos a adjudicar en los próximos dos meses; si me apuran, en un mes”, aseguró sobre esta convocatoria para proyectos privados y estratégicos que recibió, de acuerdo con González, una participación superior a la capacidad inicialmente prevista, lo que permitirá seleccionar proyectos en función de las necesidades regionales de la red.
“Vamos a construir las plantas de generación eléctrica donde se necesita y donde se facilite la transición energética de nuestro país. Eso es la planeación vinculante y por eso es vinculante tanto para la empresa pública como para la empresa privada”, explicó, asegurando que los permisos ya otorgados están entrando en procesos de ingeniería, financiamiento, impacto ambiental y consultas, mientras la dependencia coordina a distintas autoridades para reducir los tiempos entre autorización y construcción. “Estamos convencidos de que el próximo año vamos a tener cerca de 100 plantas en construcción en todo el país”, afirmó.
La expansión de generación abre el desafío de contar con infraestructura suficiente. “Para que realmente esta capacidad, esta generación de estas nuevas plantas se traduzca en energía disponible, tenemos que invertir mucho en fortalecimiento, modernización y ampliación de la infraestructura de transmisión y distribución”, sostuvo sobre un programa gubernamental que contempla inversiones por alrededor de 244 mil millones de pesos para ampliar y modernizar ambas redes, una infraestructura que deberá avanzar prácticamente al mismo ritmo que las nuevas centrales.
La coordinación de ambos calendarios será especialmente crítica para las renovables. “Tenemos que garantizar que cuando entren las plantas de generación, tanto de energía firme como de energía renovable, estén listos también los proyectos de transmisión y distribución que garanticen que esta energía se puede distribuir de manera eficiente por todo lo largo y ancho del país”, sostuvo.
González llevó incluso el horizonte más allá de 2030. “Si seguimos por este camino, en 2040 estaremos produciendo cerca del 50% de nuestra energía con fuentes renovables”, anticipó.
Pemex y la otra mitad del balance
El ejercicio de rendición de cuentas también alcanzó al sector de hidrocarburos, donde González concentró su diagnóstico en la situación financiera de Petróleos Mexicanos y en la estabilización de su plataforma productiva.
La deuda financiera de Pemex se ubicó en 77,500 millones de dólares al cierre de junio de 2026, su nivel más bajo desde 2014 y alrededor de 27% por debajo de los niveles registrados en 2018. Para la secretaria, “esta fortaleza financiera no es un fin en sí mismo. Es una condición previa necesaria para que Pemex pudiera mantener su capacidad y poder invertir ahora estratégicamente en las diferentes partes de la cadena de valor”.

González destacó además la incorporación de contratos mixtos para acelerar proyectos en exploración y extracción. Diez de estos contratos ya fueron asignados bajo esquemas que combinan capacidades privadas con la participación estratégica de Pemex.
El balance incluyó también la recuperación de refinación, petroquímica y fertilizantes, áreas que el Gobierno vincula con su concepto de soberanía energética y productiva. “Ya tenemos en marcha los proyectos del plan. Ya no es un plan, ya es una realidad. Ya están asignados los permisos, ya vamos a los financieros y estamos por asignar lo que falta en estos meses”, sostuvo.
González cerró su presentación en el evento del Consejo Coordinador Empresarial enfatizando que el nuevo modelo mantiene la rectoría estatal, pero “la participación privada, no hay duda, es fundamental, pues contribuye a fortalecer las capacidades del país”.






