Las políticas gubernamentales para contener el precio de los combustibles enfrentan un límite logístico que amenaza la operatividad de las estaciones de servicio. Directivos del sector analizaron este panorama durante el 4.° Foro Nacional IMEF Energía e Infraestructura en la Agenda Nacional, que se llevó a cabo en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). 

La exigencia federal de mantener el diésel y la gasolina en parámetros de economía social omitió la estructura de gastos corporativos. Factores como las largas distancias logísticas y las estrictas cargas normativas suman hasta 60 centavos de costo adicional por cada litro de hidrocarburo.

“Es muy importante ver la viabilidad financiera de las empresas para poder sostener este tipo de acuerdos. Los números no mienten, los números son reales y habrá algunas regiones del país que pueden cumplir temporalmente”, aseguró Enrique Félix Robelo, presidente de Onexpo Nacional.

La situación es crítica en zonas periféricas como las penínsulas de Baja California y Yucatán, donde el transporte terrestre encarece el producto. Cumplir un tope tarifario nacional es insostenible cuando los fletes de distribución añaden hasta 80 centavos al costo en terminales.

Al obstáculo geográfico se suma el peso normativo, obligando a los concesionarios a inyectar recursos permanentes en actualizaciones. El sector privado exige a las autoridades agilizar los trámites para evitar que la presión por mantener precios bajos provoque el colapso financiero de las empresas.

“Entendemos cuál es el tema y sabemos que se tiene que vender una gasolina a un nivel competitivo, pero también tenemos que ponernos del lado de los gasolineros y saber que es una cadena de valor compleja”, afirmó Estela Campuzano, directora legal en Energía Regional.

Inspecciones y riesgo de clausuras

Por otro lado, sobre la carga operativa, mencionaron que esta  empeora debido a las severas auditorías ambientales ejecutadas por dependencias federales. Tras el ajuste legal que centralizó facultades en la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), miles de instalaciones antiguas quedaron en un estatus de incumplimiento técnico involuntario.

Aunque la mayoría del sector se inscribió al programa de regularización, las verificaciones punitivas continúan. Las agrupaciones gasolineras demandan una tregua operativa, señalando que la suspensión de actividades durante la actualización de expedientes conduce a la quiebra comercial definitiva.

“Si hay un programa de regularización, pues que haya una tregua. Si la clausuras por meses, lógicamente a una empresa se le va a complicar mucho su regularización porque un cierre es la muerte”, advirtió el titular de Onexpo Nacional.

Claroscuros en la regulación administrativa

Para mitigar la saturación de procesos, el Estado proyecta activar un expediente corporativo único digital. Esta herramienta tecnológica impedirá que las entidades entreguen los mismos documentos notariados ante diferentes ventanillas gubernamentales para renovar licencias o certificar sus operaciones en el mercado energético.

Los corporativos respaldaron la iniciativa oficial para estandarizar reportes. Pese a estos avances tecnológicos, las empresas denuncian que la Comisión Nacional de Energía (CNE) mantiene lineamientos opacos, retrasando la publicación de acuerdos y excediendo los plazos normativos de respuesta.

«No tenemos la certeza de que sí sesionan esos días. Hay partes en las que sí tienen muchos temas que mejorar. La verdad, extraño mucho las sesiones públicas; no hay manera transparente de saber el estatus», indicó Campuzano sobre el ente regulador.

La consolidación del andamiaje legal dependerá de la certeza institucional otorgada a los inversionistas. Confirmar la vigencia de los permisos es un requisito técnico fundamental para bloquear transacciones ilícitas en el sector y permitir la expansión de la infraestructura logística privada.

La reciente digitalización del registro público permite a las operadoras auditar comercialmente a sus proveedores en tiempo real. Esta visibilidad aísla a las empresas irregulares, fomenta la competencia equitativa y asegura la total legalidad en cada eslabón de la cadena de valor.

«Una de las cosas que no puedes hacer es tener tratos con personas que deberían tener permisos y no los tengan. Esa es la columna vertebral y ya nos dieron la herramienta para saber si está en orden», concluyó Julia González Romero, abogada en Valero México.

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